La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó esta mañana una audiencia virtual pública en la que se evaluó la Solicitud de Medidas Provisionales en el caso Barrios Altos y La Cantuta, impulsada por las víctimas de estas masacres ocurridas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori.
Esto, luego que a inicios de mes el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el proyecto de ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú a partir del 01 de julio de 2022; es decir, los casos que hayan sido registrados antes de esta fecha no podrían ser procesados ni condenados por su comisión.
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En la audiencia participaron los abogados de las víctimas, así como los representantes del Estado peruano acreditados ante la Corte IDH.
Durante su intervención, el abogado y agente del Perú ante dicho organismo, César Pastor Briceño, quien estuvo acompañado por el coagente Jorge Cáceres Arce, consideró que dicha iniciativa no sería considerada como una “Ley de Amnistía”, tal como refieren los familiares de las víctimas y algunos legisladores.
Recordó que los condenados por los casos Barrios Altos y La Cantuta fueron sentenciados por los delitos de homicidio calificado, secuestro, entre otros más, que no son considerados lesa humanidad. En ese sentido, sostuvo que la solicitud de los deudos no debería proceder.
“Esta no es una ‘Ley de Amnistía’ (...) porque los condenados de los casos de La Cantuta y Barrios Altos, conforme a esos tipos penales ordinarios, fueron condenados por el delito de homicidio calificado, secuestro, entre otros. Esta norma no tendría un efecto que generaría lo que ellos señalan (familiares de las víctimas), que es la excarcelación de los condenados por los casos Barrios Altos y La Cantuta”, indicó Pastor.
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Añadió que todos los argumentos esgrimidos en este petitorio han sido por “conexidad, base de supuestos, entendidos y trascendidos”, por lo que remarcó que no se ha acreditado que esta iniciativa vulneraría directamente el acceso a la justicia de estas personas.
“El propio representante de las víctimas señala que los tipos penales que se han utilizado en la audiencia son delitos comunes, y señala de alguna forma ‘doctrinaria’ la sentencia en el caso Fujimori que fueron en un contexto de lesa humanidad, pero no fueron delitos de lesa humanidad”, insistió.
El abogado también cuestionó que la Corte IDH les haya notificado de esta solicitud el pasado sábado 8, al mediodía, y que solo les hayan dado un par de días para responder.
“Se han solicitado los informes a las entidades gubernamentales correspondientes y por eso se solicitó la prórroga; sin embargo, pese a que teníamos un plazo concedido a las 8 horas al día de hoy, el 13 de junio se dicta una medida de no innovar y se convoca a una audiencia, pese a que no ha habido oportunidad para que los magistrados tengan conocimiento del escrito de observaciones que se ha presentado hace poco más de dos horas”, apuntó.
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Insisten en que los condenados podrían quedar en libertad
Por su parte, la abogada de Aprodeh y de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, Gloria Cano, insistió en que el dictamen aprobado en primera votación permitirá que los condenados por ambos casos (los miembros del desactivado grupo Colina), así como los que están aún en proceso de juzgamiento, queden en libertad.
“Consideramos que estamos frente en un riesgo considerable de daño irreparable del derecho de justicia a las víctimas”, aseveró.
En tanto, el abogado de los deudos, Carlos Rivera, advirtió que si el Congreso decide ratificar esta propuesta en una segunda votación y es llevada a un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), dicho organismo podría darle la razón a los defensores de esta propuesta.
“El Tribunal Constitucional formalmente tiene las competencias y atribuciones de declarar una ley inconstitucional a través de un proceso de inconstitucionalidad. Tenemos la impresión y la convicción de que en estas circunstancias existe una composición del TC que ha generado una posición de desacato del Estado peruano respecto a las sentencias de esta corte y, consecuentemente, sobre la ley que estamos discutiendo (...) por lo tanto, nos da la impresión de que el TC, al someter la propuesta a un proceso de inconstitucionalidad en estos momentos, es altamente probable que termine decidiendo a favor de la constitucionalidad de esta disposición y la posición de las víctimas quedaría en una absoluta desprotección”, alertó.
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