El Poder Judicial declaró fundado el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato, mediante el cual solicitó constituirse como actor civil en el proceso penal donde se investigan las irregularidades en el otorgamiento de la concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano.
En dicho pedido, que fue aprobado el pasado 28 de marzo por el juez Leodan Cristóbal Ayala, se solicitó de manera provisional la suma de US$ 1,300 millones como reparación civil por los daños ocasionados al Estado.
De esta manera, ante una eventual sentencia condenatoria que ordene el pago de una reparación civil, dicho monto deberá ser asumido de manera solidaria por los más de 30 investigados, entre los que se encuentran el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, así como algunos exministros y personas que ejercieron el rol de funcionarios públicos, además de otros abogados y agentes particulares.
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Según la versión del Ministerio Público, en este caso diversos funcionarios públicos y agentes privados se pusieron al servicio de un pacto criminal que estuvo liderado por el entonces presidente Humala y su esposa, con el fin de favorecer los intereses de la empresa Odebrecht, compañía que buscaba ganar la licitación del proyecto junto a su consorciada Enagás.
Cabe recordar que, este proceso penal viene disputándose desde diciembre de 2020, entre la Procuraduría y las defensas legales de los investigados y de las empresas vinculadas a la licitación del Gasoducto.
Dichas defensas han venido oponiéndose a que el ente rector ingrese a este caso como actor civil para demandar el pago de un resarcimiento económico a favor del Estado.
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