El Poder Judicial iniciará el próximo 27 de octubre la etapa del control de acusación (etapa intermedia) contra el expresidente Ollanta Humala, la exprimera dama, Nadine Heredia, y otras 21 personas por el caso Gasoducto del Sur.
A través de una resolución, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada dispuso que la audiencia sea virtual y e inicie a partir de las las 3:00 p.m.
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En la audiencia, que estará a cargo del juez Leodan Cristóbal Ayala, se deberá realizar una revisión de la acusación fiscal y resolver observaciones y pedidos que presenten las partes procesales, a fin de establecer si se cumplen los requisitos que establece la ley para que este caso ingrese a la etapa de juicio oral.
Según informó RPP, en el presente caso existe un voluminoso requerimiento fiscal, con más de 54,878 hojas o folios ingresados a este expediente, por lo que el juez consideró que se trata de un caso de “alta complejidad”.
Esto, debido a que hay 23 imputados, así como 11 pedidos de sobreseimiento o archivo. También se percibe un alto número de hechos relevantes que comprenden los diversos niveles de poder del estado.
En tanto, el Equipo Especial Lava Jato presentó 126 testigos, desde colaboradores eficaces hasta exministros del gobierno de Humala, así como cerca de 700 documentos como medios de prueba.
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¿DE QUÉ SE LE ACUSA A HUMALA Y HEREDIA?
La fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Geovana Mori, presentó una acusación contra Humala, quien afronta 15 años de prisión efectiva por el caso Odebrecht, y Heredia, quien se encuentra asilada en Brasil, en el presente caso. Solicitó para ambos una pena de 35 años de cárcel, al encontrarlos responsables por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.
También pidió penas de entre 9 a 35 años de prisión para otras 21 personas, entre las que figuran los exministros Luis Miguel Castilla, Eleodoro Mayorga, Jorge Merino, Carlos Paredes, René Cornejo y el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. Además, tres empresas se encuentran en condición de terceros civilmente responsables.
De acuerdo con la tesis fiscal, Humala y Heredia habrían llegado a concretar hasta cinco acuerdos ilícitos con la constructora brasileña relacionados al proyecto Gasoducto de Sur. Esto, habría generado un perjuicio al Estado peruano de más de US$ 200 millones.
En ese contexto, se habría favorecido a Odebrecht y otras constructoras brasileñas y nacionales en los procesos de contratación pública. Para ello, se habrían efectuado pagos ilícitos en el proceso de licitación de dicho proyecto.
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