:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/RCRHO4HJSVB4NHPEDOFC2Z2GWI.jpeg)
Únete al canal de Gestión
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú anunciaron que respetan el orden constitucional y por lo tanto no acatarán el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo.
En esa línea indicaron que un presidente está facultado a disolver el Congreso si es que se ha censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros, figuran que no se han dado en este caso.
Esto, luego que Pedro Castillo anunciara un golpe de Estado a través de la disolución del Poder Legislativo horas antes de que se debatiera su tercera moción de vacancia por incapacidad moral.
“Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido; el artículo 134 de la Constitución Política, establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”, indicaron en un comunicado publicado la tarde del 7 de diciembre.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/I6XBTDGCYJAGRLRQJZABZPJUN4.jpg)
“Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”, agregan.
LEA MÁS: Constitucionalistas: Cierre del Congreso no tiene ninguna base legal
Pedro Castillo anunció en un mensaje a la Nación que procede a “disolver temporalmente” el Congreso de la República y a instalar un Gobierno de excepción, horas antes de que se debatiera su tercera moción de vacancia.
“En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un Gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de derecho y la democracia”, anunció.
La medidas anunciadas incluyen el “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional”.
También se procederá a convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso “con facultades constituyentes” para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses a partir de la fecha.
