Ante la ola de inseguridad ciudadana que azota el país y el crecimiento de algunos delitos, como la extorsión y el sicariato, desde Fuerza Popular demandaron al Gobierno de Dina Boluarte acciones concretas e inmediatas para combatir esta problemática.
A través de un comunicado, el partido que lidera Keiko Fujimori propuso seis medidas urgentes para ser adoptadas por las autoridades.
LEA TAMBIÉN: Advierten que paro de transportistas de este jueves podría extenderse de 24 a 72 horas
En primer lugar, consideraron que el Gobierno debe convocar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para que asuman la administración temporal y exclusiva de los penales en el Perú por un mínimo de 120 días. Esto, debido a que un alto porcentaje de los crímenes se planifican desde las cárceles.
“En los próximos 20 días, el Gobierno debe presentar una propuesta consensuada de reforma del sistema de administración de justicia para evitar que malos elementos dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público sigan perjudicando la correcta administración de justicia en el Perú y terminen liberando a criminales”, añadió el fujimorismo.
También pidieron ejecutar un programa de capacitación dirigido a las FF.AA. para que se hagan cargo de la seguridad ciudadana en los distritos y provincias que sean declarados en emergencia.
LEA TAMBIÉN: Ejecutivo plantea hasta cadena perpetua para el sicariato y eleva penas de la extorsión
A favor de precisiones en la ley de crimen organizado
Fuerza Popular también planteó que la responsabilidad legal de policías y militares en el ejercicio de sus funciones sea resuelta en el fuero militar y policial, así como solicitó declarar en estado de emergencia el sistema penitenciario nacional y autorizar la construcción inmediata de más cárceles en todo el país.
“Denunciar parcialmente el Pacto de San José de Costa Rica en lo que se refiere a beneficios legales en favor de terroristas y criminales peligrosos”, acotaron.
Finalmente, el fujimorismo se mostró a favor de que el Congreso realice precisiones a los alcances de la ley N° 32108, que modifica la definición del crimen organizado, en lo que respecta a los allanamientos judiciales y organizaciones criminales.
Esto, según argumentaron, “con la finalidad de desbaratar la narrativa engañosa de los cómplices políticos de Alejandro Toledo, Susana Villarán, Martín Vizcarra y Pedro Castillo”.
LEA TAMBIÉN: Congreso: plantean acceder al secreto bancario de organizaciones criminales en flagrancia
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.