Fuerza Popular plantea la inhabilitación por 10 años de María Cordero Jon Tay

La legisladora María Cordero Jon Tay, quien fue denunciada por recortar el sueldo de los trabajadores de su despacho, no solo afronta una investigación en la comisión de Ética, sino también debe lidiar con una acusación constitucional impulsada en su contra, y que podría dejarla fuera del Parlamento.

La vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, presentó una denuncia constitucional contra Cordero Jon Tay por el presunto delito de concusión y por la infracción de los artículos 1, 2 (inciso 15), 22, 23, 38 y 45 de la Constitución.

En la denuncia también se plantea su inhabilitación para ejercer la función pública por un plazo de 10 años.

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“Es pertinente destacar que las lesiones constitucionales han sido tan variadas en diversos grados e intensidades, que a nuestro juicio correspondería alejar permanentemente de la función pública a la citada denunciada, vía la inhabilitación permanente o perpetua. Sin embargo, dado que la Constitución que nos rige establece como máxima sanción del juicio político la inhabilitación hasta por 10 años, por todo lo expuesto corresponde que se imponga a la denunciada, por la vía del señalado juicio político, la sanción consistente en la destitución del cargo de congresista y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años”, se lee en el texto.

Como se recuerda, Punto Final reveló unos audios que acreditarían que Cordero Jon Tay recortó el sueldo de uno de sus trabajadores. Un exasesor de la congresista denunció al dominical que esta le exigió el 50% de su salario mensual. Para demostrar su acusación mostró grabaciones de las conversaciones que sostuvo con ella.

“Porque a ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez (...) tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora”, se le escucha decir a Cordero Jon Tay a su exasesor en el audio.

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El exasesor, que trabajó en la Comisión Especial del Proyecto Binacional Puyango Tumbes, explicó que un intermediario se encargó de las coordinaciones y cobros. Este personaje, afirmó, era Braden Paredes Calla, técnico del área de Archivo del Congreso.

En la denuncia, que impulsa el fujimorismo, se establece que han quedado demostradas las diversas infracciones constitucionales debidamente fundamentadas y detalladas, que van desde la infracción de deberes generales como la de honrar y cumplir el ordenamiento constitucional, hasta la violación de derechos fundamentales esenciales y expresos como el respeto a la dignidad humana.

“Todas ellas merecen sanción política”, concluye el documento, que ahora deberá ser analizado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Lady Camones.

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