Ayer se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite, en marzo del año pasado, una demanda presentada por varias personas, entre ellas, el exministro y excongresista Javier Valle Riestra, en favor del fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos.
El recurso plantea que el cabecilla terrorista, recluido en la Base Naval del Callao, habría sido condenado sin respetar su derecho al principio de legalidad y a las garantías judiciales. Además, se cuestiona que las condiciones carcelarias que se le impusieron afectaron su integridad personal, algo que, según sostiene el documento, el Ministerio Público no investigó diligentemente.
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Como era de esperarse, esta noticia generó una serie de reacciones. A través de un comunicado, el partido Fuerza Popular (FP) advirtió que dicho organismo internacional busca “lavarle la cara” a Polay Campos, ofendiendo a todas sus víctimas.
“Esto demuestra que dicho organismo actúa bajo consignas ideológicas y lo que pretende es presentar a este individuo como si fuese la víctima, distorsionando la realidad y ofendiendo a las víctimas del terrorismo y a sus familias. Desde Fuerza Popular no lo vamos a permitir”, señalaron en el documento.
En ese sentido, anunciaron que citarán al premier Alberto Otárola y al ministro de Justicia, Daniel Maurate, a fin de que informen qué medidas adoptarán desde el Ejecutivo.
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“Convocaremos a los ministros Otárola y Maurate para que informen al país sobre las medidas que se han tomado para defendernos de esta nueva estrategia terrorista disfrazada de defensa de derechos humanos”, concluyeron en el comunicado.
Cabe recordar que la CIDH tiene pendiente convocar a una audiencia en la que las partes (Estado y defensa de Polay Campos) expondrán sus argumentos respectivos. Tras esta etapa, el tribunal emitirá un pronunciamiento de fondo respecto a la demanda.
Si en un primer momento no procede una posible solución amistosa entre ambas partes, recién ahí el organismo internacional podrá determinar si en este caso hubo o no violación a los derechos humanos. Se emitirá unas recomendaciones que el Estado tendrá que cumplir.
En caso no se cumplan estas recomendaciones, el caso podría ser denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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