La recientes revelaciones en torno a Jorge Hernández Fernández ‘El Español’ y el presunto grupo de contrainteligencia formado durante el Gobierno de Pedro Castillo para espiar a los opositores políticos y amedrentar a otras altas autoridades no solo tuvieron implicancias en el Ejecutivo y la Policía Nacional del Perú (PNP), sino también en el Congreso.
Y es que una de las bancadas del Parlamento (Fuerza Popular) sufrió una infiltración del ‘Español’ a través de uno de sus legisladores (Luis Cordero Jon Tay), según reconocieron los propios congresistas del grupo naranja.
De acuerdo al testimonio de un agente especial, identificado como “José Alberto Medina Silva”, Hernández Fernández le habría comentado al oficial de la Marina en retiro, Carlos Daniel Barba Daza, que Cordero Jon Tay estaba interesado en asistir a una feria de equipos electrónicos en Panamá y que este asumiría sus gastos, como pasajes y estadía.
Barba, según refiere el informante en su testimonio brindado a la Fiscalía, mostró su preocupación por la presencia de Cordero Jon Tay, debido a que pertenece a una bancada de oposición al gobierno de Castillo; no obstante, “El Español” le dijo que no se preocupara porque dicho parlamentario “está apoyando bastante al Ejecutivo al interior de la Comisión de Inteligencia”.
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Moyano, quien fue una de las presuntas víctimas de esta red criminal, fue más allá y demandó a su grupo parlamentario que separe al mencionado legislador. “En nuestra bancada no hay lugar para los traidores”, aseveró.
Sin embargo, este no es el único legislador de la bancada de Keiko Fujimori que ha estado en el ojo de la tormenta por afrontar alguna denuncia o cuestionamiento en su contra. En este nota repasaremos otros casos.
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Hernando Guerra García
El primer legislador fujimorista de esta lista es Hernando Guerra García. En junio del año pasado fue criticado por participar, desde la playa, en una sesión de la comisión de Constitución, que actualmente preside. Por error activó la cámara de su celular y se apreció que se encontraba acostado sobre una camilla, frente a una playa del norte.
En diálogo con RPP, lamentó que se haya prendido la cámara de su celular y puso como excusa que había programado un viaje familiar para esas fechas. No obstante, reconoció que no había solicitado la respectiva licencia.
“Yo no me he ido de vacaciones, yo he buscado salir y cuando me ponen estas comisiones he dicho que tendré que pedir licencia y tendré que trabajar, y eso es lo que voy a hacer, voy a pedir licencia como me ha pasado antes. Hasta ahora no pido licencia porque yo no había planeado que tenía que trabajar”, sostuvo en aquella oportunidad, tras reconocer su error.
Este caso llegó hasta la comisión de Ética del Parlamento; sin embargo, la denuncia no logró ni siquiera ser admitida a trámite, por lo que pasó al archivo. El voto de nueve legisladores prácticamente salvaron a Guerra García de una suspensión.
Héctor Ventura
En noviembre del año pasado se registró un incidente protagonizado por el actual presidente de la comisión de Fiscalización, Héctor Ventura.
De acuerdo a la denuncia presentada ante la comisaría de San Andrés por el suboficial de primera Santos Michel Ramírez Cabanillas, responsable de la reja de ingreso y salida del Parlamento, este se encontraba haciendo su trabajo en la intersección del jirón Junín y la avenida Abancay.
A la 1:40 p.m., del 17 de noviembre, el documento precisa que el vehículo negro en el que se trasladaba Ventura llegó al mencionado cruce y, según dijo el policía, el legislador fujimorista le había gritado “estamos en guerra”. Esto, con la finalidad de exigirle que le abra la reja para entrar al Legislativo, a pesar del semáforo en rojo.
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Es entonces que, según refiere Ramírez Cabanillas, Ventura bajó del carro y “sin decirme palabra alguna me dio una patada en mi pie lado derecho, causándome una lesión”.
En diálogo con la prensa, el titular de la comisión de Fiscalización negó haber agredido física y verbalmente al policía. Dejó entrever que este seguramente fue inducido por alguien para denunciarlo ante la comisaría.
“Al policía vestido de civil le he increpado que abra las rejas, toda vez que queríamos cruzar estando el semáforo en color verde. Cuando pasa a rojo, nos tuvimos que detener y yo le increpé por su actitud, pero no ha sido más que eso. No hubo agresión verbal, no hubo agresión física”, dijo en su defensa.
A inicios de enero de este año, la comisión de Ética, liderada por Karol Paredes, aprobó abrirle una investigación preliminar por estos hechos. Se encuentra en trámite.
Rosangella Barbarán
Según la ley, el Congreso solamente puede otorgar pasajes para el trabajo de la función congresal; sin embargo, coincidentemente los legisladores trabajaron el año nuevo, según indicaron en sus regiones.
El dominical recordó que en esa fecha no hubo semana de representación y tampoco eran días laborables. Al ser consultados algunos de ellos sobre como justificaron la compra de pasajes no supieron dar razón.
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Una de las legisladoras involucradas en la denuncia es la presidenta de la comisión de Economía, Rosangella Barbarán. La legisladora fujimorista viajó a Cajamarca, lugar donde reside su actual pareja.
Tras conocerse esta denuncia, Barbarán indicó en un comunicado que viajó a Cajamarca a cumplir con diferentes actividades y llevó a su menor hija. Aseguró que la compra del boleto de avión fue cubierta por ella y no con el dinero del Estado, tal como se dijo en el reportaje.
A inicios de este mes el procurador general del Estado, Daniel Soria, pidió a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que inicie una investigación preliminar contra los cuatro congresistas (Rosangella Barbarán, Flavio Cruz, Segundo Quiroz y Nieves Limachi) por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso.
Eduardo Castillo
A inicios de este mes el Poder Judicial informó que dictó medidas de protección a favor de la cónyuge del congresista fujimorista Eduardo Castillo, quien fue denunciado por violencia familiar ante una comisaría en Piura.
En la denuncia, Maricarmen Salazar, esposa de Castillo, dijo que fue objeto de violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica tras haber recibido mensajes de WhatsApp de su cónyuge, con quien tiene una hija menor de edad.
A su vez indicó que esa no era la primera vez que sufría ataques de este tipo en el marco del proceso de divorcio y conciliación que sostiene con el legislador para determinar la tenencia y régimen de visitas de su hija, así como la pensión por alimentos.
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Salazar adjuntó en su denuncia un informe psicológico que concluye que sufre de tensión, enojo, temor y preocupación al estar expuesta a este tipo de violencia.
En respuesta, el congresista dijo que todo se trataba de una mentira y que había un acuerdo previo para una separación convencional con un acta de conciliación, el cual habría sido infringido por su aún esposa.
La semana pasada, la comisión de Ética decidió abrirle una investigación preliminar por estos hechos, pese a la oposición de los legisladores de Fuerza Popular, quienes argumentaron que su colega ya dio sus descargos en la bancada, con documentación que acredita su versión.
Luis Cordero Jon Tay
Antes de que estallara el caso del ‘Español’ y el grupo de contrainteligencia formado durante el Gobierno de Castillo, Cordero Jon Tay ya estaba involucrado en otro escándalo.
En noviembre del año 2021, el legislador fue denunciado por su expareja por supuestamente haberla golpeado durante un hecho ocurrido en el distrito de Miraflores en el año 2014; es decir, antes de que asuma su cargo público.
De acuerdo al parte policial, al que accedió Panorama, una mujer gritaba y pedía auxilio debido a que era agredida por un hombre en el cruce de la avenida Jorge Chávez y la calle Berlín. El legislador había tumbado al suelo a su expareja y le propinó varias patadas, una de ellas en la garganta.
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La denuncia no solo se limita a la violencia física ejercida por Cordero Jon Tay, sino que, además, este habría publicado un vídeo íntimo de su expareja en Internet.
Por esta denuncia, Cordero Jon Tay fue suspendido temporalmente de su bancada el año pasado.
Tras una serie de idas y vueltas, la comisión de Ética, en mayo del año pasado, aprobó su informe final, que recomienda la suspensión del legislador por el plazo de 60 días. Han transcurrido cerca de 10 meses y, hasta ahora, la Mesa Directiva del Congreso no programa el debate del documento ante el Pleno.
¿Cuál es la reflexión desde Fuerza Popular?
En diálogo con Gestión, el legislador de Fuerza Popular, Luis Alegría, consideró que, de todas maneras, estos casos afectan a su bancada; no obstante, precisó que su grupo cumplió con pedir los descargos respectivos a los congresistas involucrados en estas denuncias.
“Mira, ya se pidieron los descargos y veremos como continúan los procesos de indagación. Cada vez que hay algo como eso (denuncia), siempre se le da la palabra (al congresista) y la oportunidad de esclarecer cualquier tipo de discrepancia en la interna de la bancada. Veremos qué es lo que sucede”, señaló tras precisar que este tipo de casos también afectan a la imagen del Parlamento.
Respecto al caso de Cordero Jon Tay, Alegría indicó que hay que esperar el término del proceso disciplinario iniciado en su contra para saber si será separado de la bancada.
Recordó que su colega ya brindó sus descargos respectivos ante el grupo parlamentario; no obstante, señaló que todo lo afirmado por el legislador quedó en duda tras conocerse los audios que lo involucrarían aún más con ‘El Español’.
“Básicamente, y sin entrar en detalles, Cordero Jon Tay nos mencionó que no tenía ninguna cercanía con ‘El Español’, pero ya una llamada entre ellos (que se conoció posteriormente) desbaratarían esta postura”, anotó tras precisar que nota bastante incongruencia en el testimonio brindado por su colega.
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Al ser consultado por la denuncia contra Barbarán, el congresista consideró que el caso tiene que ser investigado en la comisión de Ética. “No hay ninguna negativa de parte de la bancada ni de la propia congresista en responder frente al tema”, acotó.
Respecto al caso que involucra a Eduardo Castillo, Alegría reconoció que se opuso a apoyar su investigación en la comisión de Ética porque tenía claro que este tema se encuentra en un ámbito familiar.
“Por lo que yo entiendo, el proceso de conciliación entre ellos dos (Eduardo Castillo y su esposa) está de acuerdo. Incluso, en la citación fiscal por este caso, de impedimento de cercanía, ni siquiera acudió una de las partes (la denunciante). Entonces, habría que esperar que el legislador presente sus descargos ante la comisión de Ética”, añadió.
Finalmente, dijo que en su bancada “no ha habido ni habrá ningún intento de blindaje a ninguno de sus miembros”.
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