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El Gobierno promulgó esta mañana el Decreto Legislativo N°1582, que modifica e incorpora diversos artículos en la Ley de Migraciones a fin de acelerar el proceso de expulsión de personas extranjeras en el país en menos de 48 horas, en dos casos específicos.
Esta medida se aplicará a quienes cometan infracciones tipificadas como ingresar al país sin control migratorio y/o realizar actividades que pongan en riesgo o atenten contra el orden público, el orden interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana.
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Tras conocerse esta noticia, desde Fuerza Popular cuestionaron la promulgación de este decreto al recordar que en el Perú hay cientos de miles de extranjeros en condición irregular, por lo que habría la capacidad logística para realizar expulsiones masivas, tal como pretende el Ejecutivo.
En ese sentido, el legislador Fernando Rospigliosi consideró que la política de seguridad ciudadana debería enfocarse en combatir a los extranjeros que delinquen.
“Lo que a nosotros, como peruanos, nos concierne, y debería interesarle al Gobierno, es identificar a los delincuentes y capturarlos, que es lo que necesitamos; porque la mayoría de venezolanos no son delincuentes, son gente trabajadora que ha venido huyendo del comunismo, del socialismo del siglo 21, y que quiere, simplemente, tener un lugar donde poder trabajar y vivir. El problema está en los delincuentes”, señaló en diálogo con RPP.
El también exministro del Interior cuestionó que el Gobierno pretenda repatriar a estos extranjeros por vía aérea debido a que no habría la capacitad operativa para llevar adelante esta medida, así como también reiteró que eso dependerá de la venia de los países de destino.
“Si se dice que hay 400,000 que no tienen los papeles en regla, qué puente aéreo puede soportar eso (...) si el gobierno venezolano no quiere recibirlos, ese avión no puede bajar ahí. No es práctica esa solución, son cientos de miles (de extranjeros). No he visto cifras actualizadas después de cerrado el plazo, en todo caso, sabemos que es un contingente muy grande y no hay ninguna posibilidad de que eso se vaya a cumplir”, advirtió.
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A su juicio, todo esto demostraría que no hay ningún plan o estrategia en el Gobierno para enfrentar el problema de los extranjeros en el país en situación irregular.
“Todo indica que no hay ninguna estrategia. Además, son muchos. No hay manera, por lo menos nadie lo ha explicado, de expulsarlos del país, como dijo el Gobierno en algún momento que iba a hacer si no cumplían con todos los trámites necesarios”, aseveró.
¿Qué plantea el decreto del Gobierno?
La norma detalla que el procedimiento excepcional desarrolla una audiencia única, la misma que puede ser virtual o presencial, y no podrá exceder las 24 horas contabilizadas desde la retención administrativa efectuada por la Policía.
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Constará de una fase instructora y una sancionadora, e inicia con la imputación de cargos que realiza la autoridad instructora de Migraciones, sobre la base de un informe de la PNP; y culmina con la notificación de la resolución emitida por la autoridad sancionadora de la entidad.
En caso de comprobarse la comisión de la infracción, Migraciones emite la resolución de sanción que ordena la expulsión inmediata del ciudadano extranjero. En caso se requiera actuaciones adicionales indispensables para resolver el procedimiento especial o vencido el plazo, el caso será encauzado bajo las disposiciones del procedimiento administrativo sancionador ordinario.
El decreto establece que la Policía tiene a su cargo la realización de las diligencias de investigación preliminar.
También faculta a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) a sancionar a las empresas de transporte interprovincial que trasladen a personas extranjeras irregulares.
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