Cuando María del Carmen Alva era presidenta del Congreso, se promovió y priorizó la Ley N° 31473, con la que se regula la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP), los cuales iban a poder percibir simultáneamente, por parte del Estado, su pensión y remuneración por cargos en el espectro público incluido “cargos de confianza o de elección popular” —es decir, legisladores, por ejemplo—.
Además, con esta ley se dejó sin efecto el monto máximo de 6 Unidades de Ingreso del Sector Público —establecido en S/ 2,600 cada unidad y en total, serían S/ 15,600—. Con ello, los congresistas con pasado militar o policial no tienen restricciones para cobrar, según el Ministerio Público.
Dicho escenario ha llamado la atención de la Fiscalía de la Nación, por lo que decidió denunciar constitucionalmente a 11 legisladores por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.
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Según la tesis del MP, la ley habría permitido que los congresistas José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín accedieran a la percepción de sueldo y pensión simultáneamente.
Contrarreforma para fijar tope en “doble sueldo” de congresistas
El congresista Héctor Valer (Somos Perú) apunta a modificar el artículo 2 de la Ley N° 31473 a fin de que se respete el monto máximo para la recepción simultánea de remuneración y pensión estatal.
A través del proyecto de ley N° 10081/2024-CR, propone que haya un tope máximo de seis unidades de ingreso en el sector público: no más de S/15,600 deberán ganar los congresistas con pensión y remuneración simultánea.
Dentro de su exposición de motivos, Valer sostuvo que el cambio normativo aprobado en la gestión de Maricarmen Alva “ha desnaturalizado la finalidad de la percepción simultánea de pensión y remuneración de los pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú” ya que ha beneficiado a los que más ingresos tienen como pensión pero no se ha restringido a los que perciben pensiones “diminutas” ni se ha protegido el ahorro público.
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Al respecto, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, señaló que “están acostumbrados a recibir críticas” y seguirán obrando “con las herramientas que la ley permite”. Cabe añadir que los congresistas sindicados por el Ministerio Público han anunciado que la fiscal actuó “con ignorancia” y presentarán denuncias por prevaricato e infringir la Constitución”.
“No considero que sean ataques pero son reacciones propias de cualquier investigado. Todos los fiscales estamos decididos a tolerar ese tipo de reacciones”, dijo a la prensa.
Ante estos hechos, el congresista José Cueto (Honor y Democracia) afirmó que gozan del amparo del Tribunal Constitucional para que la pensión de cualquier empleado público militar “sea parte de su patrimonio”.
A pesar de reconocer que sí han incrementado sus ingresos con la aplicación de la ley tildó de “ignorante” a la fiscal Espinoza porque no están percibiendo una doble remuneración sino “una pensión ilegalmente suspendida”.
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