Durante su presentación en la comisión de Constitución del Congreso de la República del Perú, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, mostró su oposición al proyecto de ley que plantea eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a cambio de crear una Escuela Nacional de la Magistratura, impulsado por la legisladora Gladys Echaíz (Renovación Popular).
“Consideramos que, por lo menos en este momento, no sería factible implementar”, indicó el magistrado, quien reemplazó en el cargo a la suspendida Patricia Benavides.
Villena recordó que su institución forma parte de la Academia Nacional de la Magistratura (AMAG), al señalar que dos de sus representantes supremos integran el Consejo Directivo de esta institución de formación académica.
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Además, dijo que los fiscales, en todos los niveles, participan o hacen uso de los servicios de esta institución, al indicar que, al menos, 3,000 fiscales han pasado por el curso del Profa y otros de especialización en los últimos años, lo que significa que el 50% de alumnos son personal del Ministerio Público.
Cuestiona tres aspectos del proyecto
En concreto, Villena cuestionó tres aspectos del proyecto de reforma constitucional. En primer lugar, se opuso a que el ingreso a la Escuela se realice por concurso público y que se exija que la formación en sus aulas sea a dedicación exclusiva por dos años
“Esto significa que los interesados no podrían dedicarse a otras actividades laborales y si están trabajando deberán pedir licencia. La pregunta es quién les pagaría para su sostenimiento educativo y familiar”, indicó.
Añadió que actualmente hay un 80% de estudiantes en la Academia de la Magistratura que son auxiliares del Ministerio Público y Poder Judicial, a quienes calificó como futuros integrantes de estas instituciones porque apuntan a ser fiscales y jueces.
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En ese sentido, mencionó que todos estos estudiantes, de ser aprobada la norma, tendrían que pedir licencia para dedicarse exclusivamente a este proceso.
Respecto a la composición del Consejo Directivo por tres personas (un juez supremo y un fiscal supremo, ambos en actividad o cesantes), Villena remarcó que actualmente el Ministerio Público tiene tres fiscales supremos titulares. De ellos, uno ya no cumpliría funciones y se iría a la Escuela a dedicación exclusiva.
En esa línea, sostuvo que, actualmente, de los tres miembros de la Junta de Fiscales, dos no cumplen el requisito, por lo tanto “no podría ser posible que se pueda implementar este Consejo Directivo”.
Otro punto que observó el fiscal de la Nación interino está referido a la concentración de poder y el riesgo que podría representar con sólo tres miembros a cargo de la institución, que además designará a jueces y fiscales en todo el país y hará control disciplinario de los mismos.
“Habría un poder concentrado en sólo tres personas y no es lo adecuado”, advirtió.
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