El Ministerio Público realiza en estos momentos una diligencia en la sede del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, ubicado en el distrito de Surco.
Esto, tras recibir denuncias de irregularidades dentro en torno a sobrevaloraciones de insumos con proveedores y contrataciones irregulares, entre otros más.
En diálogo con RPP, el fiscal anticorrupción Néstor Rivera indicó que esta diligencia es el comienzo de las acciones de prevención del delito que impulsará la Fiscalía y que continuará periódicamente.
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Destacó que las autoridades de Qali Warma, de manera voluntaria, les hayan abierto las puertas a los fiscales y brindado toda la documentación solicitada.
“Nuestra acción de prevención es a raíz de diversas denuncias que ha habido anteriormente respecto a estos alimentos mal llegados a los usuarios. Esta estrategia es comandada por la Fiscal de la Nación, hoy a empezado. La Fiscalía Anticorrupción ha venido a las oficinas administrativas, como la de abastecimiento, para solicitar aleatoriamente las contrataciones de este año. Hemos pedido la documentación y estamos en una fase de evaluación”, acotó.
El dominical identificó a dos empresas que presentaron documentos falsos y que siguen llevando comida a los colegios. Una de ellas eses el consorcio Operadores Logísticos, en Puno.
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La otra compañía opera en la selva. Es el consorcio Kuska, que ha usado el cuestionable camino de la acción de amparo. Lo hicieron en el Poder Judicial de Tocache y gracias a ello siguen ganando millonarios contratos y repartiendo alimentos a los pequeños más pobres.
Intervinieron almacenes de proveedores
Por su parte, el fiscal de prevención del delito, Alfonso Barrenechea, indicó que también intervinieron los almacenes de los proveedores de Qali Warma para ver las condiciones de los productos y constatar si cuentan con el respectivo registro sanitario.
“(Los fiscales) han verificado esencialmente las condiciones de conservación de los productos y que estos cuenten con el registro sanitario respectivo. Hemos verificado las fechas de vencimiento e, incluso, aleatoriamente hemos pedido acceder a ciertos productos y verificar si son aptos para el consumo humano. En nuestro caso, estamos previniendo la presunta comisión de delitos contra la salud publica”, aseveró.
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Según dijo, los fiscales se han desplazado a ocho ciudades del país con la finalidad de actuar preventivamente y de forma continua en la supervisión de los almacenes.
“Hemos encontrado, por ejemplo, en el colegio Nuestra Señora de Las Mercedes, en Ayacucho, que hay serias deficiencias referidas a la conservación de los productos en almacenamiento. Se han dado las exhortaciones y recomendaciones correspondientes para evitar poner en riesgo a los niños”, enfatizó.
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