Durante su intervención, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, ratificó su pedido de 15 años de prisión efectiva en contra del exmandatario, así como una inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el plazo de nueve años.
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En lo que respecta al proyecto “Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo-Moquegua”, la Fiscalía solicita que se le imponga seis años de cárcel, mientras que por la “Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua, Nivel II-2″, la pena planteada es de nueve años de prisión efectiva.
Juárez Atoche informó que, en noviembre del 2013, el exmandatario se reunió con representantes de la empresa Obrainsa y les entregó información confidencial para que puedan ganar la licitación del proyecto Lomas de Ilo a cambio de un soborno del 2% de la licitación, que equivale a más de S/1′000,000.
Es más, días antes de la suscripción del contrato, según narró el fiscal, Vizcarra llamó a los representantes de dicha empresa para solicitarles que, a cuenta de la coima, le alquile una avioneta para trasladar a sus amigos de Lima a Moquegua. Uno de los pasajeros habría sido el actual presidente de Bolivia, Luis Arce.
Para sustentar su acusación, el representante del Equipo Especial Lava Jato indicó que presentará la relación de llamadas entre Vizcarra y los representantes de Obrainsa, así como la declaración de exfuncionarios del gobierno regional de Moquegua.
En cuanto al segundo tema, Juárez señaló que el expresidente habría utilizado el mismo mecanismo que en la licitación anterior; es decir, este le habría pedido a UNOPS que sugiera a la empresa que llevaría adelante la obra.
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En ese sentido, sostuvo que el exmandatario le habría solicitado a la constructora ICCGSA la entrega de S/ 1.3 millones a cambio de no contradecir la recomendación de UNOPS para que esta compañía realice las obras.
En total, según la tesis fiscal, Vizcarra habría recibido sobornos por un monto de S/ 2.3 millones durante su periodo como gobernador de Moquegua, entre los años 2011 y 2014.
En respuesta, el exmandatario declaró que actualmente se desempeña como profesional independiente y que sus ingresos mensuales varían entre S/10,000 a S/12,000. Esto, a pesar de que no recibe pensión vitalicia como exmandatario.
“Me quieren desaparecer de la política”
A su salida de la audiencia, Vizcarra indicó a la prensa que han respondido a cada llamado de la Fiscalía y el Poder Judicial para responder por esta acusación, dando la cara ante la justicia.
Añadió que, junto a su abogado, Erwin Siccha, insistirán en la anulación del juicio oral por estos dos casos debido a una serie de irregularidades que no han sido atendidos por el tribunal.
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“Seguimos trabajando con transparencia y legalidad. Mi abogado presentará una apelación para la siguiente etapa, pero mientras tanto cumpliremos con el juicio oral como corresponde”, acotó.
A su juicio, la exposición Juárez Atoche careció de fundamento y aseguró que todos sus actos han sido completamente honestos y transparentes.
“Yo no voy a salir de acá, no me internaré en una clínica y tampoco, en ningún momento, no me voy a auto eliminar, estaremos aquí”, enfatizó tras precisar que “lo quieren desparecer de la política”.
En respuesta, el fiscal recordó que existen pruebas contundentes y testimonios, incluidos los de los choferes, que constituyen un “caudal probatorio” suficiente para respaldar una sentencia condenatoria en contra de Vizcarra.
Según dijo, este caso puede avanzar rápidamente, al tratarse de un solo procesado, lo cual simplifica el proceso. Estimó que el juicio oral podría concluir en unos tres meses.
La jueza Fernanda Ayasta, que lidera el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal, levantó la sesión hasta el próximo lunes 4 de noviembre.
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