
Pese a que el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros 20 procesados en el marco del financiamiento irregular de las campañas de revocatoria y reelección municipal se instaló el pasado 23 de setiembre, las audiencias vienen sufriendo un retraso debido a la carga de trabajo que tiene el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional.
Al respecto, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, hizo una invocación al Poder Judicial a fin de que le dé celeridad a dicho proceso judicial.
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En diálogo con radio Exitosa, el fiscal indicó que reiteradamente han solicitado a dicha institución que designen jueces exclusivos para que involucra a Villarán, debido a su relevancia como tal y por los consistentes elementos probatorios en su contra.
“El caso de la señora Susana Villarán es emblemático, merece un mayor sentido de priorización como mínimo y ojalá podamos tener más audiencias concentradas, para que la decisión de la culpabilidad o de inocencia se determine en un tiempo mucho más breve”, aseveró.
Pese a ello, valoró el trabajo que realizan los jueces de este tribunal, pese a la enorme carga procesal que tienen y al limitado presupuesto asignado.
Tras recordar que el caso Lava Jato es considerado como crimen organizado, Vela insistió en la necesidad de que se asignen más magistrados para continuar con la audiencias con mayor frecuencia.
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¿DE QUÉ SE LE ACUSA A VILLARÁN?
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, pidió que se imponga a Villarán una pena de 29 años de prisión efectiva, así como 426 días multa y 7 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Se le investiga por los delitos de asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, colusión agravada, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica.
Esto, a raíz de los aportes recibidos de las constructoras Odebrecht (hoy Novonor) y OAS para sus campañas de No a la Revocatoria (2013) y su fallida reelección (2014) a cambio de licitaciones en la Municipalidad de Lima (MML).
La Fiscalía sindica a Villarán como cabecilla de una presunta organización criminal enquistada dentro del municipio. Junto al fallecido José Miguel Castro (exgerente municipal), adoptaban la decisiones que se ejecutaban dentro de este grupo de poder.
Pérez acusó a la exalcaldesa de coludirse con Odebrecht, OAS y Graña y Montero por las concesiones de los proyectos Rutas de Lima, Línea Amarilla y Vía Expresa Sur, respectivamente. Villarán, según dijo, recibió dinero por parte de estas empresas para sus campañas electorales a cambio de entregar la buena pro de dichas obras.
Para el fiscal, estas acciones son la “actividad criminal previa” a las entregas de dinero de estas constructoras a favor de las campañas de Villarán mediante un blanqueo de dinero.
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