El vacado expresidente Pedro Castillo se encuentra en la mira de la Justicia. La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos pidió 36 meses de prisión preventiva en su contra.
La medida también alcanza a los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda)
“El requerimiento de prisión preventiva por 36 meses corresponde al proceso penal por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias”, señaló la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
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Esto, luego que el Pleno del Congreso aprobara la denuncia constitucional, presentada por Benavides, en su contra por estos delitos. El documento recibió el respaldo de 59 legisladores, mientras que 22 se opusieron y se registraron tres abstenciones.
La Fiscalía acusa a Castillo Terrones de ser el presunto cabecilla de una organización criminal que trabajó en las más altas esferas de poder, sobre todo, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Transporte de Comunicaciones. Dicha organización habría obtenido licitaciones concertadas en Provías Descentralizado y en Petroperú.
Actualmente el expresidente afronta 18 meses de prisión preventiva por perpetrar un golpe de Estado, en diciembre pasado. En esta investigación también están comprendidos los exministros Willy Huerta, Roberto Sánchez y Betssy Chávez.
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