El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas de Extinción de Dominio, Wilfredo Avellaneda, sostuvo que con 816 sentencias favorables en más de cuatro años, el Perú ostenta el récord en la región, lo que ha permitido al Estado recuperar bienes obtenidos con dineros provenientes de actividades ilegales.
“Es un récord en toda la región, en Centroamérica y Latinoamérica. Perú es un referente porque ocupa en primer lugar en el tiempo que tiene (la ley que crea la extinción de dominio) en la obtención de sentencias”, indicó en entrevista con Canal N.
Sostuvo que desde cuatro años y cinco meses se cuenta con una herramienta “fundamental, eficaz y eficiente para el combate de la criminalidad organizada”, a través de la recuperación de bienes que son instrumentos del delito, efecto o ganancias del mismo.
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La mayoría de las 816 sentencias alcanzadas, según dijo, fueron logradas en procesos vinculados a delitos de tráfico de drogas, como las casas que se usan para acondicionar clorhidrato de cocaína, vehículos en los cuales se transporta la droga, el oro que es objeto del delito cuando se trata de minería ilegal, entre otros.
El fiscal Avellaneda aseguró que también han realizado investigaciones en forma paralela contra organizaciones dedicadas a la trata de personas vinculadas al Tren de Aragua y los Tiguerones, contra los cuales se han planteado medidas cautelares a inmuebles donde se ejercía la prostitución ilegal y a las casas de acogida donde se retenía y coaccionaba a mujeres.
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Alejandro Toledo
Wilfredo Avellaneda manifestó que también que participan en los procesos relacionados con las investigaciones del equipo especial Lava Jato, como parte del cual se ha presentado una demanda judicial por extinción de dominio en el caso del expresidente Alejandro Toledo y las personas de su entorno más cercano.
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La teoría de la Fiscalía, según refirió, es que se tiene la seria convicción de que los bienes del exmandatario, implicado en el presunto pago de coimas de Odebrecht, fueron terminados de pagar o comprados con dineros maculados.
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“Se espera que después del proceso judicial, con intervención de los requeridos, esos bienes se trasladen al Estado, que se vendan y esos recursos regresen al Estado”, puntualizó.
