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Casi once días después de que Cuarto Poder revelara que el Congreso gastó más de S/400,000 en un servicio de bufet para los congresistas que asisten al Pleno, el Ministerio Público tomó cartas en el asunto.
Por la mañana un grupo de fiscales realizaron una diligencia en las oficinas de la Dirección General de Administración (DGA) del Parlamento, ubicada en el segundo piso del edificio conocido como Hospicio, en la cuadra 5 del jirón Áncash (Centro de Lima).
A su salida del recinto, la fiscal Viviana Robles Quesada confirmó a la prensa que la diligencia se realizó en el marco de una investigación preliminar reservada, por lo que no dio mayores detalles.
“Fue una diligencia de exhibición de documentos en relación a la noticia criminal propalada (...) es una investigación de carácter reservado que se está efectuando a través del despacho fiscal. Se han recibido los documentos pertinentes”, acotó.
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La fiscal añadió que se reunió con el Oficial Mayor del Congreso, José Cevasco (antes de su renuncia), y con el director general de la DGA, Pablo Noriega, quienes le brindaron todas las facilidades para poder hacer su trabajo y reunir los datos necesarios para su investigación.
En conferencia de prensa, Noriega ratificó las investigaciones iniciadas por la Fiscalía y recalcó que se ha entregado toda la información requerida sobre el “proceso de racionamiento” en el Parlamento.
“Hoy hemos tenido la visita de miembros de la Fiscalía, quienes han venido a ver la información relacionada con el proceso de racionamiento. Toda la información que han solicitado se les ha brindado (…) estamos con una apertura total de brindar la información para que puedan verificar la manera cómo se viene trabajando en el Congreso”, señaló.
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Según reveló Cuarto Poder, el pasado 12 de diciembre se modificó el contrato que suscribió el Parlamento, en febrero del 2022, para la contratación del concesionario de comedores y atenciones de eventos oficiales y protocolares, cuyo monto oscilaba en más de S/ 2 millones.
La firma de esta adenda permitió reemplazar el plato a la carta que recibían los congresistas y que costaba S/ 10.59 (con jugo, gaseosa, agua o café que no llegaba ni a S/ 16), por un variado bufet por el que ahora se paga S/ 80 por congresista. Es decir, cada almuerzo cuesta ahora casi cinco veces más que hace unos meses.
Tras conocerse esta noticia, la Oficialía Mayor del Congreso dejó sin efecto la entrega del servicio de bufet para las sesiones del Pleno, ante los cuestionamientos por el costo que significaba su implementación, y determinó que cada legislador pague por su refrigerio.
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