En medio de las protestas a nivel nacional que impulsa el gremio de mineros informales, el congresista de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Roberto Sánchez, presentó un proyecto de ley que extiende hasta 2026 la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
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De acuerdo con la iniciativa, se extiende el proceso de formalización minera hasta que entre en vigencia la nueva Ley Mape, cuyo debate se encuentra entrampado en el Congreso de la República.
Esta iniciativa y otras relacionadas a la ampliación de este registro no pasaron desapercibidas en el Ministerio Público. En conferencia de prensa, el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA),Frank Almanza, se pronunció en contra de todas estas propuestas.
Explicó que desde su institución siempre se han opuesto a la ampliación del Reinfo debido a que este dispositivo es “el escudo protector perfecto para el minero ilegal”.
“La Fiscalía siempre ha estado en contra de estas prolongaciones, de este Reinfo ilimitado, porque es el escudo protector perfecto para el minero ilegal. La norma que regula esta Reinfo es una ley que simplemente dice que aquel que se inscribió y tiene la intención de formalizarse, no es pasible de delito solo por el hecho por estar en ese proceso de formalización”, cuestionó esta mañana.
Recordó que de acuerdo con el Decreto Legislativo 1351, que exime de responsabilidad penal a los integrantes de esta lista, cuando una persona está inscrita en ese documento y se encuentra en proceso de formalización “no comete minería ilegal”, algo que, a su juicio, no se puede permitir.
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“Si la Fiscalía quiere hacer acciones de interdicción o actividad de persecución, un minero me saca un Reinfo, me dice que está vigente y no puedo ser investigado”, cuestionó.
“Por eso es que desde la Fiscalía nos hemos opuesto a que este Reinfo se prolongue de manera indefinida, porque miles de operadores extraen el oro basados en este registro. Organizaciones criminales aprovechan estos Reinfos y ostentan documentos que los blindan frente a interdicciones y procesos penales”, agregó Almanza.
Roberto Sánchez presentó un proyecto de ley para ampliar el Reinfo hasta el 2026. (Foto: Congreso)
PIDE QUE SE MANTENGA LA EXCLUSIÓN DE 50,000 MINEROS INFORMALES
La semana pasada, el Gobierno publicó una resolución que anula 50,565 inscripciones suspendidas con más de un año de antigüedad en el Reinfo, en aplicación del Decreto Supremo N° 012-2025. Esto, a pesar de los reclamos de los gremios de mineros informales que cuestionaron la medida.
De esta manera, más de 50,000 mineros informales en proceso de formalización, que finaliza el próximo 31 de diciembre, se quedaron en el aire y ya no podrán operar legalmente.
Respecto a este tema, Almanza exigió al Ejecutivo que no retroceda en su decisión y que cumpla con excluir a todos estos mineros.
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"Proponemos que se excluya definitivamente a los mineros informales que no han cumplido con formalizarse. El Gobierno ha excluido a 50,000 mineros informales que tenían el Reinfo suspendido, que eso se mantenga (...) que se detengan estas prórrogas eternas del Reinfo, porque está siendo usado como un escudo protector para esta actividad", remarcó.
Agregó que solo se debería hacer minería formal y que desde el Ejecutivo deben establecerse todas las verificaciones correspondientes en los tiempos correctos. “Que se reformule el marco legal existente”, anotó.
Protestas de mineros que reclaman la ampliación del REINFO sin exclusión. Foto: Julio Reaño / EC
LOS OTROS “VACÍOS LEGALES” QUE FAVORECEN A LA MINERÍA ILEGAL
En otro momento, Almanza advirtió que hay otros “vacíos legales” que son aprovechados por la minería ilegal para poder operar. En ese sentido, dijo que se tratan de algunas limitaciones legislativas que impiden que realicen de manera óptima su labor.
“¿Qué esta pasando legislativamente? el Congreso está emitiendo sendas normas que envés de avanzar, nos hacen retroceder en esta lucha contra la minería ilegal", enfatizó.
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Por ejemplo, cuestionó que el Parlamento haya modificado la Ley de Crimen Organizado (Ley N° 30077), que deja a la minería ilegal, su financiamiento y a la contaminación ambiental fuera de su alcance por tener penas menores a cinco años.
“¿Qué significa esto? que ningún delito ambiental puede ser investigado hoy en día en crimen organizado, porque la valla se elevó a 5 años. La Corte Penal Nacional, especializada en crimen organizado, ya no puede ver estos delitos de minería ilegal, también se dificulta que nos entreguen medidas limitativas o restrictivas de derechos con fines de investigación", alertó.
Añadió que otro problema es que el artículo 307-A del Código Penal, relacionado al delito de minería ilegal, tiene amplios vacíos, por ejemplo, se castiga como delito la exploración, la extracción y la explotación de los minerales de forma ilegal, pero no está penado el traslado, el transporte, la compra, la venta y la importación.
“Si se intervienen camiones cargando mineral, no se puede aplicar la norma del artículo 307-A porque no entra en esa regulación. Hay vacíos importantes que estamos demandando que se atiendan”, aseveró.
La Fiscalía insistió en la necesidad de tener un registro obligatorio de maquinaria pesada que se usa para la minería. Foto: Difusión
Finalmente, cuestionó la modificación de la Ley de Extinción de Dominio, impulsada por el Congreso, así como insistió en la necesidad de tener un registro obligatorio de maquinaria pesada.
“Lamentablemente la maquinaria tampoco tiene registro y placas. Dentro de las zonas donde hay minería ilegal hay maquinaria pesada, excavadoras, cargadores frontales y camiones, pero estos equipos no se registran y valen mucho dinero. Al no estar registrados es difícil hacer la trazabilidad para ver quien esta detrás de esta actividad”, anotó.
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