En el marco de la investigación por el caso ‘cofre presidencial’, que involucra a la presidenta Dina Boluarte, la Fiscalía tiene previsto interrogar a 30 testigos nuevos, cuyas fechas ya han sido programadas pese a las dificultades logísticas de notificación.
Así lo anunció el fiscal adjunto supremo provisional, Marcial Páucar, durante la audiencia judicial en la que se evaluó la solicitud de control de plazo presentado por el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, a fin de que se dé por concluida la investigación que involucra a su patrocinada.
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Añadió que, entre los nuevos testigos, figura el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, quien tuvo que ser notificado a través de un “exhorto” en Junín para que pudiera ser interrogado.
“A partir de la identificación de estas declaraciones de las diversas personas que tienen que concurrir al despacho, aparecen también nuevas direcciones de estos testigos y en muchos casos se ha tenido que diligenciar vía exhorto, como lo ha sido, por ejemplo, entre otros, el caso del testigo Roger Arista, cuyo exhorto se tuvo que diligenciar a Junín”, indicó.
Otra diligencia pendiente que tiene la Fiscalía es la recopilación de los audios grabados por el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, de la conversación que habría sostenido con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los involucrados, entre otras medidas.
“En ese sentido es que nosotros, respetuosos de las formas, como señala la defensa, y atendiendo al principio de legalidad, es una diligencia también que ha quedado pendiente y es por eso que nosotros, agotando todos los mecanismos y apremios que concede la ley al Ministerio Público, hemos supervisado y estado en coordinaciones para estar atentos a la fecha de programación de dicha audiencia, la cual nos permitirá contar con un material importante e indispensable para los objetivos de la presente investigación”, sostuvo.
La mandataria es investigada como presunta autora del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Boluarte habría usado el auto presidencial, conocido como el ‘cofre’, para presuntamente ayudar al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia desde octubre del 2023, a que pueda eludir el operativo que realizó la Policía Nacional del Perú (PNP) con la finalidad de lograr su captura en enero del año pasado, en el balneario de Asia.
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Se opone a ampliación de la investigación
Durante su participación, Portugal cuestionó la decisión de la Fiscalía de declarar compleja la pesquisa y ampliarla por ocho meses más, al señalar que se hizo fuera de la fecha establecida por ley.
En ese sentido, indicó que los plazos y formalidades en las notificaciones deben llevarse a cabo en las fechas establecidas por la ley y no pueden ser “ninguneados” por la Fiscalía.
A su juicio, la resolución que dispone ampliar la pesquisa contra Boluarte debió ser remitida a su clienta el mismo día que se emitió; es decir, el pasado 20 de diciembre, y no seis días después (26 de diciembre), tal como se hizo.
“Llegar a este razonamiento es permitir que el Ministerio Público utilice discrecionalmente sus plazos, sus propias decisiones. Para no permitir la arbitrariedad y cautelar, en ese sentido, una notificación democrática es que no se debe validar la fecha en la que esta emita, porque finalmente queda en escrutinio y fuero del Ministerio Público, sino en la fecha que se ha sido notificada”, dijo tras precisar que no se debe permitir la “arbitrariedad” de la Fiscalía.
En respuesta, Páucar informó que la notificación se envió con seis días de retraso porque los días 21, 22, 23 y 24 de ese mes (diciembre) fueron declarados no laborables y el 25 era feriado nacional.
Tras escuchar a las partes, el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, dejó al voto su decisión, que será conocida en el plazo establecido por ley.
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