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La situación judicial de la presidenta Dina Boluarte quedó en manos del Congreso de la República del Perú. El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentó ayer una denuncia constitucional en su contra en el marco del caso Rolex.
La mandataria es acusada como presunta autora de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo impropio.
“Los hechos están referidos a que la investigada habría recibido, en calidad de donación, del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tres relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República”, informó el Ministerio Público en sus redes sociales.
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Los tres relojes Rolex, que se encuentran incautados desde abril pasado, están valorizados en US$ 18,250, US$ 26,215 y US$ 20,217, respectivamente. En tanto, los aretes argolla de oro con diamantes habrían costado US$ 5,512; mientras que la pulsera Bangle con 94 brillantes está valorizada en US$ 9,900.
Además, se le cuestiona por la emisión de, al menos, siete Decretos Supremos y leyes en favor del Gobierno Regional de Ayacucho, que encabeza Oscorima.
El documento, al que accedió Gestión, contiene en total 33 elementos de convicción contra la presidenta, quien “habría incurrido en actos delictivos durante su desempeño funcional como presidenta de la República”, según concluyó el Ministerio Público.
Entre los elementos de convicción destacan los testimonios claves de un funcionario de Palacio y de un actual ministro que evidenciarían que el gobernador regional de Ayacucho tendría un aparente “trato preferencial” para visitar a la jefa de Estado en su oficina; es decir, este habría ingresado sin mayor trámite al despacho presidencial, pese a que no todos pueden hacerlo.
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“No es costumbre que la presidenta reciba a gobernadores en su despacho”
El Ministerio Público interrogó el pasado 7 de mayo al secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez Vílchez, quien señaló que no es costumbre que la jefa de Estado reciba a autoridades regionales en su oficina o despacho personal del Despacho Presidencial, tal como ocurrió.
“(Dina Boluarte) no recibe en su despacho personal, hay salas en donde recibe a las autoridades dependiendo si son reuniones de trabajo o actividades oficiales”, indicó.
Al ser consultado por el lugar en donde Boluarte recibe a las autoridades locales o regionales, Vílchez indicó que eso “depende del tipo de reunión”.
“Si son reuniones de trabajó hay diferentes salas en Palacio de Gobierno, si son actividades oficiales las reuniones pueden realizarse en salas de Palacio de Gobierno, como espacio fuera de Palacio de Gobierno, en otra región incluso”, acotó el funcionario de Palacio, tras recordar que Boluarte, dentro del Despacho Presidencial, tiene su propia oficina.
“Hay que pasar varios filtros para ingresar al despacho personal de Boluarte”
Otro exfuncionario de Palacio y actual miembro del Gabinete Ministerial que prestó su declaración a la Fiscalía, el pasado 7 de mayo, fue Morgan Quero, ministro de Educación y en aquel entonces jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República.
El titular del Minedu reconoció que todo el Despacho Presidencial “es un área restringida” y que si bien accedió a dicha oficina, “hay que pasar por varios filtros para ingresar a dicho lugar”, algo que no había hecho Oscorima.
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Al ser consultado por si tiene conocimiento si Boluarte recibía a autoridades locales y regionales en su despacho personal, Quero añadió que “en algunos casos puede recibir a algunos ministros de Estado”.
“Respecto a los gobernadores regionales no sabría decirle, pero es raro de que los reciba en ese despacho, porque no es un espacio de trabajo como tal”, enfatizó.
Ante estos testimonios, el Ministerio Público determinó en su denuncia constitucional que Boluarte recibía a Oscorima en el Despacho Presidencial “sin previa cita y en un ambiente personal no destinado para las atenciones protocolares”.
En su interrogatorio, la presidenta admitió que tiene una “amistad personal y sincera de hermanos” con el gobernador de Ayacucho, la misma que se “afianzó” luego de diversas reuniones que no describió.
Para la Fiscalía, “la actuación al interior de la administración pública tanto de Boluarte como de Oscorima, más allá de esa supuesta amistad, debía sujetarse a un compromiso de lealtad con los valores y principios sobre los que se asienta el Estado peruano”.
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