El Ministerio Público dispuso ampliar hasta por ocho meses la investigación preliminar en contra de la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por los fallecidos en las manifestaciones.
La medida alcanza también a los ministros de Defensa e Interior, Jorge Chávez y Vicente Romero, respectivamente. así como a los exministros Pedro Angulo, César Cervantes y Víctor Rojas.
Precisamente, esta semana vencía el plazo de la investigación preliminar seguida contra la presidenta y un grupo de ministros.
En diciembre del 2022 e inicio del 2023, tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo, se realizaron manifestaciones en diversas regiones del país, que derivaron en invetigaciones fiscales por la presunta comisión de delitos producto del uso excesivo de la fuerza pública. Además de actos de violencia que resaltó que “no están comprendidos dentro del núcleo constitucional protegido del derecho a la protesta”.
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La defensa de Dina Boluarte Joseph Campos sostiene que “la situación de violencia” y las muertes durante las protestas no fueron generadas ni provocadas por el Estado.
“Ella no tiene responsabilidad jurídica de ninguna manera en esta situación. Las responsabilidades políticas que puedan existir tendrán que [determinarse] una vez que se establezca que en las situaciones que hemos visto y lamentamos las muertes (...) efectivamente hubo un uso bueno o malo del arma”, dijo Joseph Campos a la emisora RPP.
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