La excandidata presidencial Verónika Mendoza será investigada en el Ministerio Público luego que, el mes pasado, haya llamado a la “insurgencia ciudadana” durante un mitin político.
Así lo informó el legislador de Honor y Democracia, Jorge Montoya, quien presentó una denuncia en su contra ante el despacho del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.
La también excongresista será investigada por presuntamente incitar a disturbios y conspirar para rebelión, sedición o motín.
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“Es imperativo que esta investigación avance con rapidez y contundencia para proteger nuestra democracia de aquellos que pretenden desestabilizar al país”, señaló Montoya.
Si bien recordó que el derecho a la protesta es legítima, el legislador advirtió que lo que promovió Mendoza no es una movilización, sino “una rebelión disfrazada de indignación”.
“Su afán de poder y su incapacidad para aceptar la voluntad popular es no solo insultante, sino también peligrosa”, remarcó.
El mes pasado, Mendoza reapareció en un mitin en el Cusco en el marco de la celebración de su agrupación, Nuevo Perú, y volvió a criticar a la presidenta Dina Boluarte, a quien llamó “usurpadora”.
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“Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, nadie debe respeto a leyes espurias e, incluso, esta Constitución reconoce el derecho a la insurgencia ciudadana, no tenemos por qué rendirle respeto ni pleitesía a este gobierno mafioso. Nos tenemos que autogobernar siguiendo nuestros principios del buen vivir”, exclamó la también excongresista, tras reiterar la frase “insurgencia ciudadana”.
Mendoza se pronuncia
A través de sus redes sociales, Mendoza confirmó que la Fiscalía abrió una investigación preventiva en su contra basada en la denuncia formulada por Montoya.
Para la excandidata presidencial, la indagación proviene de una “coalición mafiosa” que busca criminalizar el derecho a la protesta.
“El derecho a la insurgencia de la ciudadanía está reconocido, incluso, en la Constitución que, en su artículo 46 dice claramente: Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a leyes espurias”, enfatizó.
A su juicio, el derecho a la protesta también está respaldado en la Constitución y las leyes internacionales. Estos argumentos, explicó, son los mismos con los cuales ha respondido a la investigación fiscal.
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