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A través de un comunicado, la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro rechazó el proyecto de ley que alista la bancada de Renovación Popular con la finalidad de declarar en emergencia el Ministerio Público y reorganizarlo.
Advirtieron que la propuesta que impulsa el congresista Jorge Montoya busca “quebrantar el orden constitucional y el Estado de derecho”.
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“Invocamos el respeto a la autonomía e independencia del Ministerio Público que se pretende vulnerar con el cuestionado proyecto de ley”, aseveraron.
En ese sentido, recordaron que el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo, encargado de la defensa de la legalidad y de los intereses públicos, así como de velar por la recta administración de la justicia.
“En cumplimiento de estos preceptos, todos los representantes del Ministerio Público debemos ejercer nuestras funciones de manera independiente, y dicha independencia debe ser garantizada y respetada por todos los poderes del Estado”, se lee en el texto.
Finalmente, respaldaron el pronunciamiento que emitió el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, quien consideró que el proyecto de ley en mención es abiertamente “inconstitucional” y que busca frustrar las investigaciones que llevan a cabo los equipos especiales Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto, Corrupción en el Poder, entre otros más.
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¿Qué plantea el borrador del proyecto?
En la víspera, Montoya denunció que un borrador de la propuesta, que aún no ha sido discutido en su grupo de trabajo, fue filtrado en los medios de comunicación.
En el borrador del proyecto de ley se precisa que la iniciativa de reforma tiene por finalidad establecer un proceso de reorganización institucional de las más altas autoridades del Ministerio Público, que permitirían habilitar legalmente una serie de medidas destinadas a solucionar la grave crisis política institucional de dicha entidad.
En ese sentido, se recomienda cesar de inmediato a los fiscales supremos titulares Patricia Benavides (suspendida), Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Delia Espinoza.
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“Declárese por única y excepcional oportunidad en emergencia y reorganización institucional al órgano autónomo constitucional Ministerio Público, en consecuencia, dispóngase el cese extraordinario e inmediato de los fiscales supremos titulares al haber perdido la garantía de su permanencia en el servicio por inobservancia de su conducta e idoneidad propias de su función”, se lee en el proyecto.
Los cargos de estos fiscales supremos “serán cubiertos por los fiscales superiores titulares del país en orden de antigüedad en el número señalado por ley, hasta que se elija a sus respectivos titulares”.
Finalmente, se precisa que la nueva Junta de Fiscales Supremos deberá, en un plazo de 180 días, “evaluar y separar al personal administrativo y fiscal no idóneo”.
También deberá diseñar e implementar las acciones de reorganización, y proponer las iniciativas de reforma legal necesarias “para superar las deficiencias y problemática de la organización y el servicio fiscal a nivel nacional”.
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