José Domingo Pérez es investigado por un presunto enriquecimiento ilícito. (Foto: Poder Judicial).
José Domingo Pérez es investigado por un presunto enriquecimiento ilícito. (Foto: Poder Judicial).

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, , insistió en su solicitud para que se ordene un reexamen de la medida de levantamiento de su secreto bancario y de su reserva tributaria y bursátil, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Según información de RPP, el fiscal apeló la resolución emitida por el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria, que declaró infundada la solicitud que planteó en este caso.

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Ahora, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que declaró bien concedida la apelación de Pérez por haber cumplido los presupuestos procesales para ser admitido, deberá evaluar el recurso y ordenó que se programe fecha y hora para su evaluación con la participación de las partes involucradas, a fin de emitir una decisión final en los próximos días.

En su recurso, el fiscal pidió que se revoque el fallo de primera instancia al señalar que la fecha de adquisición de un vehículo que originó está investigación no es congruente con la fecha que comprende la medida de levantamiento del secreto bancario, así como cuestionó que la fecha establecida no corresponde al marco temporal del hecho objeto de investigación.

En ese sentido, consideró que la medida de levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria y bursátil no es razonable ni proporcional por tratarse de años que no guardan relación o pertinencia con el marco temporal del hecho objeto de la pesquisa.

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¿De qué se le acusa al fiscal Pérez?

En entrevista con Punto Final, .

Espinoza explicó que luego de conocerse los resultados de la pericia, se decidió pasar a la siguiente etapa, en la que, con intervención judicial, se va a recabar mayor información del caso.

Mientras tanto, Pérez no será suspendido del cargo o retirado de los casos que sigue en el Equipo Especial Lava Jato, aseguró la titular del Ministerio Público.

La investigación en su contra tiene su origen en una denuncia presentada, en noviembre del 2023, por la ciudadana Patricia Tubilla Casanova, una abogada y militante del APRA, respecto a la compra de la camioneta.

Un fiscal anticorrupción remitió a la Fiscalía de la Nación un informe, tras realizar una investigación preliminar, y recomendaba proceder con el caso.

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