Fiscal Pérez: “No se está afectando el inmueble donde se encuentra PPK”

El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, detalló que la incautación de dos propiedades de la empresa Dorado Asset Management no afecta la actual vivienda donde se encuentra cumpliendo arresto domiciliario el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

"No se está afectado el inmueble donde se encuentra el ciudadano PPK, investigado con arresto domiciliario. Este inmueble de la calle Choquehuanca es distinto. Si bien es colindante, es distinto como una unidad inmobiliaria independiente", señaló el fiscal ante la prensa.

José Domingo Pérez participó desde las primeras horas de la mañana en la diligencia de allanamiento con finalidad de incautación de dos propiedades, una en la calle Choquehuanca 967-953, en San Isidro, y otra el lote 2-B zona 9 de Cieneguilla, ambas adquiridas por la empresa Dorado Asset Management, la cual acaba de ser incorporada en el proceso contra PPK por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht.

"(El objetivo) es asegurarlas para las consecuencias que corresponderían al concluir este proceso penal. Van a quedar bajo la custodia de Pronabi y una vez que se desocupen y entreguen a la autoridad", indicó el fiscal Pérez cuando se le preguntó si se buscaba incautar para salvaguardar una posible reparación civil.

El representante del Ministerio Público recordó que Jorge Luis Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, admitió incorporar a Dorado Asset Management en la investigación.

"Se sustentaron los fundamentos que hacen establecer que Dorado habría sido la persona jurídica que se empleó para canalizar los fondos de dinero de Westfield Capital, persona jurídica que tiene dominio de estos dos inmuebles y que cuenta como único titular a PPK", precisó.

José Domingo Pérez informó que el inmueble ubicado en San Isidro fue arrendado por Dorado a favor de la empresa china Changjiang Institute of Survey, Planning, Design and Research el 2 de setiembre último por un plazo de dos años y por un valor de US$ 7,300 mensuales. El 26 de agosto se pagó un adelanto de US$ 43,800.

“Se va a tener que ejecutar la resolución (de incautación) y las personas ocupantes han mostrado la disponibilidad y van a coadyuvar a la diligencia retirando sus pertenencias”, concluyó José Domingo Pérez.