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La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formuló denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo por la designación de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado.
La demanda también alcanza a la exministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Revilla Vergara, informó el Ministerio Público.
Se les imputa ser presuntos autores de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y nombramiento ilegal, en agravio del Estado.
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“El supuesto hecho ilícito está vinculado a designación de Daniel Soria Luján, como procurador general del Estado, sin previo informe técnico o legal de asesoría jurídica del Ministerio de Justicia, y sin que Soria cuente con trayectoria en la defensa jurídica del Estado, exigida por D. Leg. 1326″, señaló la Fiscalía.
El caso Daniel Soria
En octubre del año pasado el Poder Judicial ordenó reponer a Daniel Soria como procurador general del Estado, tras haber evaluado la demanda que interpuso por su remoción del cargo en febrero del 2022.
El Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional resolvió declarar fundado el recurso de Soria Luján en contra del Despacho Presidencial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusd), en ese entonces liderado por el actual jefe del gabinete, Aníbal Torres.
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En ese sentido, se ordenó declarar nula la Resolución Suprema N° 024-2022-JUS; y, que en esa línea se mantenga la vigencia de la Resolución Suprema N° 017-2020-JUS, con la cual fue designado en el puesto.
Como se recuerda, Daniel Soria fue removido del cargo de procurador poco después de haber denunciado al presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía de la Nación, tras conocerse las visitas de la empresaria Karelim López a Palacio de Gobierno y presuntos actos de corrupción en diversas entidades públicas.
En su demanda, el exprocurador solicitó que se declare “ilegal” e “inconstitucional” la resolución que lo cesó en el cargo y se ratifique la que lo nombró como procurador general del Estado. Ello, al sostener que el puesto lo asiste la “autonomía, uniformidad y coherencia”.
En junio de este año La Segunda Sala Constitucional Permanente confirmó la decisión del Segundo Juzgado Constitucional a favor de Daniel Soria.
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