La expresidenta Dina Boluarte, quien fue vacada el pasado viernes 10 de octubre, solicitó formalmente al Congreso de la República activar su pensión vitalicia y otros beneficios correspondientes a los exmandatarios peruanos, reveló el último domingo Cuarto Poder.
La normativa vigente indica que Boluarte podría acceder a beneficios como un vehículo oficial para su uso personal, la contratación de un trabajador bajo la modalidad CAS con salario mensual de S/ 3,700, así como abastecimiento de 150 galones de gasolina mensual.
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Al respecto, el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, indicó que dicha solicitud ya se encuentra siendo evaluada por el área de Recursos Humanos.
“Se tendrá que decidir en el Congreso. Eso está ahora en Recursos Humanos. Veremos cuál es la opinión y se tendrá que decidir si es que la señora Boluarte es objeto de recibir la pensión o no”, indicó esta mañana en conferencia de prensa.
El legislador de Fuerza Popular recordó que la norma que creó la pensión vitalicia para expresidentes establece diferencias entre jefes de Estado que llegaron al poder elegidos y otros que ocuparon el cargo por vacancia de vicepresidentes como, Francisco Sagasti, Manuel Merino y José Jerí.
“Hay una moción que se aprobó en la Comisión de Constitución que señala que los presidentes que han sido elegidos sí están habilitados para elegir una pensión, salvo los que han sido objeto de una acusación constitucional, que es el caso de Vizcarra, que sí fue elegido en una fórmula con Pedro Pablo Kuczynski, pero después fue sancionado con una acusación constitucional”, apuntó, tras precisar que Boluarte fue elegida como parte de la fórmula presidencial con Castillo, lo que la habilitaría a postular al beneficio.
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LE RESPONDE A DELIA ESPINOZA
Luego de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza, la suspendida fiscal de la Nación señaló que esta decisión corresponde a una dictadura congresal.
“Acabo de tomar conocimiento del quiebre del Estado Constitucional cometido en el Congreso. Realmente es una ilegalidad, una inconstitucionalidad. Un atropello más evidente no puede ser. Miren la manera cómo han votado”, indicó el último martes.
En respuesta, Rospigliosi aclaró que no participó en la votación ni presidió el debate sobre la inhabilitación de Espinoza. Esto, al recordar que fue uno de los denunciantes del caso.
Explicó que la denuncia se presentó por la supuesta aplicación irregular de un reglamento interno del Ministerio Público, el cual fue usado para desconocer la vigencia de la ley que devuelve a la Policía Nacional del Perú (PNP) la conducción de las investigaciones preliminares.
Aunque reconoció que inicialmente el fiscal de la Nación encargado era Juan Carlos Villena, remarcó que Espinoza continuó aplicando el reglamento incluso después de que el Tribunal Constitucional (TC) ratificara la legalidad de dicha norma.
Al ser consultado por hecho de que sólo se sancionó a Espinoza y a no a los demás fiscales supremos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, Rospigliosi citó una opinión del expresidente del TC, Víctor García Toma, quien sostuvo que inhabilitar a todos los involucrados habría dejado sin integrantes a la Junta de Fiscales Supremos (JFS). Dicha situación, según refiere el legislador, hubiera afectado gravemente el funcionamiento institucional.
“Cada congresista tomó su decisión en base a los antecedentes presentados”, anotó.
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