La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) rechazó la suspensión por seis meses del fiscal provincial José Domingo Pérez, quien fue apartado momentáneamente del Equipo Especial Lava Jato por una sanción impuesta por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público.
A través de un comunicado, exigieron a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, evalúe el accionar del jefe de este organismo, José Fernández Jerí, tras conocerse una serie de audios que lo vinculan con Cristhian Salas, abogado de Fuerza Popular, y que evidenciarían un complot contra el referido fiscal.
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“Rechazamos esta medida y exigimos que la instancia superior lo analice con transparencia y objetividad la medida que adoptó el jefe de la Autoridad Nacional de Control, Fernández Jerí, por la denuncia que tiene por los audios con un abogado para separar a José Domingo Pérez del caso”, se lee en el texto.
El gremio de fiscales recordó que Pérez Gómez venía investigando casos muy complejos, entre ellos, el caso ‘Cocteles’, que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
“Como consecuencia del estricto cumplimiento de sus funciones, se ha advertido una campaña de hostigamiento y desprestigio sostenido y permanente en su contra, incluso de los mismos representantes de los poderes del Estado, a los que sumaron algunos medios de comunicación y sorprendentemente la ANC, que le ha abierto varias investigaciones de oficio”, señalaron.
Añadieron que esta “campaña” puso en riesgo la vida de Pérez y su independencia, por lo que enfatizaron que, el pasado 23 de junio del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares a su favor debido a que se encontraban en una situación de riesgo como consecuencia de su función fiscal.
“Pese a esta medida protección, el hostigamiento no paró, sino por el contrario, se incrementó”, advirtieron.
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Rechazan injerencia en el Ministerio Público
En otro extremo del comunicado, la Federación Latinoamericana de Fiscales se mostró en contra de los proyectos de ley presentados en el Congreso con la finalidad de declarar en emergencia el Ministerio Público.
“Rechazamos cualquier tipo de injerencia de algún poder del Estado u otros organismos, cualquiera que sea su naturaleza, orientado a desestabilizar la labor fiscal en el Perú”, indicaron.
“La FLF ratifica su compromiso en mantenerse atentos y alerta ante cualquier intento de vulneración al orden constitucional y al Estado de derecho que afecte la institucionalidad del Ministerio Público y de sus integrantes”, agregaron para finalizar.
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