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Una obra en San Juan de Lurigancho (SJL) se ha paralizado. Se trata de la construcción de un colegio estatal para casi 2,500 escolares se ha detenido por culpa de sicarios que hace dos jueves llegaron hasta aquí para acribillar a uno de los trabajadores por no ceder a una extorsión.
Tendido sobre la tierra, frente a la obra, yace el cadáver de Tommy Saravia, relacionista comunitario del proyecto del Ministerio de Educación quien había sido blanco de chantajes por cupos, en pleno estado de emergencia.
Saravia fue asesinado con el celular en la mano. Ahí están los mensajes de extorsión que él recibía y que hoy otros ingenieros de la obra siguen recibiendo, según una fuente directa de Cuarto Poder.
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“Mira compare. No me vas a pagar ni levantar el fono, normal, todo lo que pase a partir de hoy, bajo tu responsabilidad. Veamos si no me vas a llamar cuando empiece a matar a tus trabajadores”, se lee en uno de los mensajes enviados a la víctima.
Saravia, además, era teniente gobernador, un cargo ad honorem, que le daba reputación local. Por eso consiguió trabajar como relacionista comunitario de la constructora para ser un nexo con los vecinos y llevar adelante esta obra del Minedu.
“Estás en mi barrio. Te hablé por las buenas. No entiendes”, dicen los extorsionadores de este proyecto en medio de un estado de emergencia que fracasa con cada disparo.
La palabra del alcalde
Este 2023, SJL rankea en crímenes sin detenidos, en sicarios que siguen operando incluso desde el 20 de septiembre, que fue declarado el estado de emergencia. El alcalde parece acorralado.
“Antes de la declaratoria de emergencia, había 81 fallecidos. Esto se ha elevado a los 90. Mirábamos con expectativa el inicio de la declaratoria; sin embargo, en en7 días hubo 8 fallecidos. Una cifra espeluznante para SJL. (...) lo que nos genera zozobra, miedo, temor es el sicariato, las bandas organizadas, el cobro de cupos”, señaló Jesús Maldonado, alcalde de SJL.
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El 21 de octubre, dos sicarios asesinaron a dos serenos del distrito que llevaban el uniforme puesto después de salir a trabajar. Los serenos Yuri Lapa y Jairo Urbina iban a bordo de una mototaxi cuando recibieron 8 disparos que no les dieron posibilidad alguna de sobrevivir. El mototaxista, único testigo del rostro de los sicarios, también fue asesinado.
Es la 1:15 a.m. del 22 de octubre. En la calle este joven de 17 años huye luego de intentar asaltar a este vecino, quien es policía y se defiende con su arma. El joven corre y a pocos metros cae al piso. Intenta incorporarse, pero se desvanece y muere en el lugar. Tenía consigo la réplica de una pistola.
El suboficial de la Policía, Percy Chalco, también dispara y reduce al segundo asaltante. El policía fue acusado por homicidio y le han dictado 9 meses de prisión preventiva.
“Yo creo que ha sido insuficiente (el estado de emergencia) porque no hemos tenido los resultados que hubiéramos querido obtener respecto al control territorial de la PNP y las FFAA. Fue algo que solo tuvimos al inicio de la declaratoria de emergencia y se ha ido diluyendo al punto que no hemos tenido en los últimos días, ya no tenemos esa presencia”, acotó el alcalde.
San Juan de Lurigancho cuenta solo con 30 cámaras de seguridad para sus más de 131 kilómetros de territorio. Se han aumentado a 120 las cámaras gracias a una alianza con los vecinos.
En las previas a la declaratoria de emergencia, el gobierno de Dina Boluarte acordó transferir un presupuesto que permitiría a SJL comprar 500 cámaras de seguridad para por fin identificar y perseguir a los criminales, pero a la fecha el Ministerio de Economía no le ha transferido nada al municipio. Un municipio donde el 75% de los vecinos no pagan sus impuestos.
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“Para que el sistema de seguridad ciudadana funcione necesitamos S/ 22 millones, pero solo recaudamos S/ 4 millones al año. Qué pasa cuando un vecino dice que quiero un sereno, una caseta, bueno, yo también quiero, pero necesito los recursos”, apuntó Maldonado.
Mientras hablan con el alcalde, a 20 minutos, ocurría otro asesinato en medio de testigos, en plena luz del día, y sin cámaras de seguridad.
“Difícilmente vamos a llegar a un ranking que vaya con normas internacionales, que es 1 policía para 2,500 habitantes. Sobre eso tendríamos que tener 4,500 policías. Estamos lejos de poder hacerlo porque al inicio del estado de emergencia, nosotros subimos de 600 a 1,800, luego se redujo a 1,600 y esta cifra es todavía insuficiente”, aseveró.
Lo que falta en policías, se lo cargan sobre hombros los 700 serenos del distrito, divididos en 3 turnos, como Jessica Cáceres, 13 años patrullando las calles de SJL.
“Converso bastante con los vecinos y piden más apoyo de las FF.AA. (...) sí, las Fuerzas Armadas son muy importantes, los patrullajes integrados son muy importantes”, anotó.
Pero ese patrullaje que los acompañaba tras la declaración del estado de emergencia fue una flor que duró dos semanas y luego casi, casi, se desvaneció.
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La construcción de colegios en peligro
Esas extorsiones, sin que nadie lo haya calculado, ahora ponen en peligro la construcción de las Escuelas Bicentenario que se están construyendo en todo SJL.
Son 14 colegios Bicentenario para beneficiar a 29,102 estudiantes. Es un proyecto de gobierno a gobierno entre Reino Unido y el Ministerio de Educación con un presupuesto de S/ 1,154 millones.
Hoy, ese presupuesto ha vuelto locos a los criminales del distrito, quienes mataron a Saravia al mediodía del 19 de octubre. “Según nuestras fuentes, Saravia fue acribillado no por su cargo de teniente gobernador, sino por trabajar en la constructora de la obra y negarse a obedecer los mensajes de extorsión”, indicó el reportaje.
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“Estaba supervisando las obras, pero hoy me entero que esa obra estaba siendo extorsionaba y en vista que no han ido pues, creo los ingenieros lo han dejado solo y le han disparado”, indicó la actual teniente gobernadora.
El valor de la obra para este colegio supera los S/ 99 millones. Se espera albergar a más de 2,434 escolares del colegio Karol Wojtyla de SJL. La obra, tras el asesinato por sicariato, se ha paralizado, y los niños ahora tienen que permanecer en este lugar.
Aquí, en condiciones no aptas para su seguridad ni autoestima, niños de primaria y secundaria se dividen en dos turnos que acaba a las 7: 30 p.m., hasta que su nuevo colegio se construya.
Fuentes de Cuarto Poder aseguraron que existió una orden directa del despacho del Ministerio de Educación para no vincular la muerte de Saravia con las extorsiones que los ingenieros en obra han venido recibiendo, pero la verdad estalla. Ni el Ministerio de Educación, ni la Policía, ni la familia, ni siquiera los miembros de seguridad de la obra han querido declarar para Cuarto Poder.
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En pleno cierre de edición de este reportaje, llegó a la mesa de informaciones la noticia de un nuevo asesinato. Cuentan ya 10 homicidios en 10 días.
Sábado, mediodía, por no pagar cupos, unos sicarios llegaron hasta un taller de acopio de reciclaje para reclamar su diezmo. Uno de los trabajadores les hizo frente y terminó con 5 disparos encima. Al cierre de la edición, todavía el cuerpo no era levantado.
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