La Junta de Fiscales Supremos anunció que evaluará la permanencia y continuidad del Equipo Especial Lava Jato, encargado de investigar todos los casos de delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos vinculados a las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.
En un primer momento indicaron que esta decisión se iba a tomar el lunes 10 de noviembre. Sin embargo, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dijo que ese proceso continúa en evaluación.
“La evaluación se va a hacer en la audiencia de las Juntas Fiscales Supremos. En este momento estamos recabando la información técnica de los organismos técnicos y también de la Gerencia General para ver el costo de mantener estos equipos especiales y ver la eficiencia que han tenido”, señaló en Canal N.
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¿Los Equipos Especiales pueden ser disueltos por la Fiscalía?
Andy Carrión, abogado penalista, indicó que los equipos especiales dentro del Ministerio Público tienen un estatus particular que les otorga prerrogativas presupuestales y autonomía operativa, aunque siguen perteneciendo a la Fiscalía de la Nación.
Estos equipos se crean mediante resolución del Fiscal de la Nación, quien posee la facultad reglamentaria y jurídica para desactivarlos.
“Estos equipos especiales se enfocan a investigar a personas por su rango o en relación con el delito que se cometen. Por ejemplo, el equipo especial Lava Jato está vinculado únicamente a los delitos que se hayan cometido en tanto haya participado Odebrecht y otras empresas brasileñas. El equipo especial contra la corrupción en el poder, por ejemplo, investigaba a todos aquellos altos funcionarios vinculados a estos delitos. Es decir, están delimitados por la propia naturaleza de su objeto”, añadió.
“En el caso actual, Tomás Aladino Gálvez, el fiscal de la Nación, está sometiendo a la Junta de Fiscales Supremos porque quiere buscar apoyo para que haya consenso en la desactivación de los equipos especiales. No porque la norma lo exija, porque él puede de mutuo propio disolver los equipos especiales sin ningún inconveniente”, mencionó.
Roberto Pereira, socio del área penal del estudio Benites, Vargas & Ugaz, consideró como irresponsable la comunicación pública del fiscal de la Nación sobre la eventual desaparición de estos equipos. En su opinión, este anuncio genera inestabilidad tanto dentro de la institución como entre las personas investigadas legalmente.
“Inestabilidad institucional no solo hacia adentro, de los equipos especiales que vienen trabajando o a los fiscales que eventualmente podrían asumir casos, sino también hacia afuera; es decir, hacia los litigantes, las personas que están siendo investigadas por esos equipos”, remarcó.
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¿Qué ocurriría con las carpetas fiscales en curso?
Si el equipo especial Lava Jato fuera desactivado, las investigaciones y carpetas fiscales a su carga no se anularían ni se perderían.
Carrión indicó que estas serían redistribuidas a otras fiscalías especializadas, como las de lavado de activos, anticorrupción u organización criminal.
“Tendrían que ser redistribuidos entre las fiscalías, que no son comunes. En realidad, son fiscalías especializadas”, mencionó.
Por su parte, Pereira añadió que es improbable que el cambio de fiscal pueda revertir las decisiones judiciales previas. Sin embargo, advirtió que el principal impacto sería sobre los casos en curso, especialmente si se reestructuran los equipos sin planificación, lo que podría afectar la conducción adecuada de las investigaciones.
“Quien dirige y lleva la conducción de su caso debe mantenerse, porque cambiarlo en pleno trámite de apelación o de casación puede ser muy perjudicial para la eficacia de las líneas de defensa que están definidas en el Ministerio Público. Afecta la institucionalidad hacer este tipo de modificaciones en medio de un proceso que está todavía en marcha”, acotó.
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Validez procesal
La posible disolución de un equipo especial no afecta la validez de los actos procesales y realizados, tales como declaraciones, colaboraciones eficaces y acusaciones. Los actos firmados y ejecutados permanecen válidos jurídicamente.
Sin embargo, Andy Carrión indicó que existirían posibles implicancias para procesos o diligencias aún pendientes, porque cada fiscal podría tener diferentes criterios o prioridades al conducir una investigación, lo que podría cambiar el rumbo de ciertos colaboradores, agraviados o pruebas en trámite.
“Podría, por ejemplo, ya no interesarle un determinado colaborador o contar con algunas declaraciones y otras no, etc. Es decir, para los actos que ya se realizaron no habría ningún inconveniente, todos seguirían en pie, pero sí habría consecuencias para aquellos actos de investigaciones o diligencias que aún están por realizarse”, explicó.
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Carrión indicó que, aunque el cambio de estructura y manejo de casos puede generar incertidumbre, la ley garantiza los derechos de acusados, colaboradores y agraviados durante la transición.
Independientemente de los criterios de cada fiscal, deben mantenerse el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Pereira, en tanto, consideró que una eventual disolución de los equipos no afecta la validez procesal de las decisiones ya tomadas, pero sí pone en riesgo la eficacia del Ministerio Público en continuar los casos, dado el volumen y la complejidad de la información recabada.
“Le va a tomar mucho tiempo estudiar todos los documentos, y eso sin duda impacta en la posibilidad de una conducción eficaz de los casos. Ni siquiera es una buena idea cambiar de abogado en mitad de un proceso, salvo cuestiones muy extremas”, remarcó.
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¿Afecta a la cooperación internacional?
En cuanto a la cooperación internacional, Carrión enfatizó que la posible disolución del equipo Lava Jato no tendría efectos significativos, ya que Brasil ha suspendido su colaboración con Perú.
Para otros equipos especiales, como el que investiga el caso denominado Cuellos Blancos o contra la corrupción del poder, la incidencia internacional es mínima porque la mayor parte de los casos tiene alcance nacional.
Pereira, por su parte, explicó que el impacto de desactivar abruptamente estos equipos sería negativo, debido a que manejan casos complejos que requieren especialización y conocimientos adquiridos tras años de trabajo.
“Si bien es cierto los equipos especiales han tenido problemas y tienen problemas, lo correcto en esta coyuntura es analizar y evaluar cuáles son esos problemas, identificarlos y corregirlos. Si en algún caso esa corrección pasa por eliminar esos equipos especiales, se tendrá que garantizar la continuidad”, dijo.
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Carrión sostuvo que eliminar los equipos especiales podría aumentar la eficiencia del Ministerio Público, debido a que las fiscales anticorrupción han demostrado mayor eficacia y en menor tiempo, mientras que los equipos especiales han tenido logros muy limitados en sentencias condenatorias considerando los años de investigación.
“Creo que permitiría una mayor racionalización de los recursos y, por tanto, también una mayor eficiencia”, sostuvo.
Bachiller en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, con seis años de experiencia en prensa radial, escrita, digital e instituciones públicas.
