La Cancillería y el adelanto de elecciones

No es novedad decir que día a día se destruye la institucionalidad. Esto no se inició con este gobierno, pero en esta administración se ha acelerado esa destrucción.

Las dependencias del Gobierno central se “asignaron” a diferentes grupos que hicieron de algunos ministerios su parcela, e hicieron, y siguen haciendo, estropicio y medio en cada sector (Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Trabajo, Salud, Educación, entre otros) pasando por encima del personal profesional, técnico y de carrera.

Lo que está pasando en el sector Interior, por ejemplo (incluyendo la PNP y los servicios de inteligencia), es realmente inconcebible.

Sin embargo, uno hubiese pensado que un sector como la Cancillería, que trabaja de las fronteras para afuera, y que requiere de una formación y de redes de contacto que van mucho más allá de Chota y de Anguía, podía mantener cierto nivel de respeto por su institucionalidad y régimen profesional interno. Pero no.

Del 2006 al 2011, el Perú tuvo un solo Canciller. Con este gobierno, en un solo año, el Perú ha tenido ya cinco cancilleres.

El nivel de improvisación con el que se llevan hoy las relaciones exteriores, plenamente graficada en las numerosas contradicciones –tratadas por Twitter- entre el presidente y el sucesor -y a la vez antecesor- de César Landa, hace que, en la práctica, no tengamos, para vergüenza nuestra, política exterior definida.

A ello se suma la informalidad en los nombramientos, expresada -por citar solo dos ejemplos- en la salida y casi inmediato regreso del actual canciller y de los embajadores ante la ONU y la OEA, y en el trato que se le da, como consecuencia, a los embajadores de carrera que iban a ocupar las plazas que quedaron vacantes en esos organismos internacionales.

Otro tema es el de la negativa de un buen número de congresistas a discutir y aprobar el adelanto de elecciones generales, que pone sobre la mesa algunos asuntos.

Un primer elemento es que queda claro que los grupos o individuos al interior de las bancadas tienen mucho más peso que la posición pública de sus agrupaciones o líderes, quebrando la institucionalidad política.

Un segundo asunto es la distancia entre la posición de los congresistas y la de la población. Y no solo por el “que se vayan todos”, sino porque difícilmente la población va a aceptar la justificación de que no se van porque hacerlo es diluir la responsabilidad del Gobierno y del presidente.

Es verdad que el Ejecutivo, y principalmente el presidente y su entorno, es el principal responsable de la crisis que vivimos, y que lo que se ha cometido en este primer año de gobierno justifica una vacancia. Pero para la población, justamente, el que no haya vacancia es responsabilidad de un Congreso que tiene parlamentarios que tienen “compromisos” con el Gobierno.

Los congresistas parecen no darse cuenta que también tiene su propia “cosecha”, que destroza su imagen y los convierte en enemigos del electorado. ¿Un presunto violador no es un hecho muy grave ante la población?

Y, finalmente, no es fácil justificar que muchos parlamentarios, de izquierda y derecha, pidan a la población que salga a las calles para sacar al presidente, pero ellos no están dispuestos a un sacrificio para superar la crisis.