Ollanta Humala se convirtió en el segundo presidente constitucional del Perú en ser sentenciado a prisión en el marco del caso Odebrecht. Esta mañana, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, presidido por la jueza Nayko Coronado, lo condenó a 15 años de prisión efectiva, al hallarlo responsable del delito de lavado de activos.
De la misma forma, el juzgado sentenció a su esposa, la exprimera dama, Nadine Heredia, a 15 años de cárcel por estos mismos hechos. La esposa de Humala no estuvo presente en la audiencia y participó de forma virtual.
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Ambos serán conducidos de inmediato a un centro penitenciario que establezca el INPE para cumplir sus penas respectivas. Estarán tras las rejas hasta el 28 de julio del año 2039.
El tribunal también sentenció a Ilan Heredia, hermano de Nadine Heredia, a 12 años de prisión efectiva y ordenó su ubicación y captura, debido a que no se presentó a la audiencia de lectura de sentencia.
Respecto a Antonia Alarcón (madre de Nadine Heredia), Rocío Calderón (amiga de la exprimera dama) y Eladio Mega Guevara, fueron condenados a 5 años de pena privativa de la libertad para cada uno, suspendida en su ejecución por el plazo de 4 años, sujeto a reglas de conducta.
Finalmente, el extesorero del Partido Nacionalista, Julio Torres Aliaga, fue sentenciado a 8 años de privación de la libertad.
En cuanto a la empresa Todo Graph, será declarada liquidada y disuelta, por orden judicial. Todo lo contrario ocurrirá con el Partido Nacionalista, que solo fue objeto de una multa de 100 UIT (S/535,000), pese a que la Fiscalía pedía su disolución.
Finalmente, se estableció que todos los coacusados paguen de forma solidaria una reparación civil de S/10′000,000. La Procuraduría de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio inicialmente pidió que la caución sea de S/ 20′000,0000.
La lectura integral de la sentencia se dará a conocer el próximo martes 29 de abril, informó la jueza Coronado.
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¿Cuáles fueron los fundamentos del tribunal?
En la lectura del adelanto de sentencia, el tribunal estableció, por mayoría, que “se ha cometido el delito de lavado de activos agravado“.
“En este juicio se ha aprobado la comisión del delito de lavado de activos, de beneficiarse de dinero de procedencia ilícita que debieron presumir. La recepción de aportes no son algo ilegítimo, pero cuando estos aportes ingresan y se inyectan temas de falsedad, fraude e intentos de ocultamientos, la situación cambia”, advirtió Coronado.
En ese sentido, consideró que existió un “modus operandi” respecto a los aportes ilícitos de las campañas del 2006 y 2011. Según dijo, se apreciaron aportantes falsos, movimientos financieros y origen de dinero en el extranjero (Venezuela y Brasil).
En cuanto a la campaña de Partido Nacionalista del año 2011, se recordó que hubo una transferencia de dinero desde Brasil al Perú de cerca de US$ 3′000,000, en favor de la candidatura de Humala.
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“Había una Caja 2, que era el mecanismo de dineros provenientes de actos ilícitos ligados a temas de corrupción por parte de esta empresa (Odebrecht) (...) acá hay esta presencia de los funcionarios de Odebrecht que han referido el traslado de dinero a Perú, precisamente al apoyo de la campaña del señor Ollanta Humala en el 2011“, indicó.
Pese a que en Brasil se anularon las sentencias impuestas a los exdirectivos de Odebrecht, el tribunal determinó que eso “no quita la ilicitud” del dinero que entregó la constructora brasileña a la campaña electoral de Humala.
Respecto a la campaña presidencial del 2006, Coronado advirtió que “lo que se intentó ‘lavar’ son hechos típicos y característicos de lavado de activos, que forjan una procedencia ilícita del país de Venezuela”.
En ese sentido, indicó que cinco testigos declararon en el juicio oral que vieron mochilas y maletines con fajos de dólares provenientes de Venezuela, durante el Gobierno de Hugo Chávez.
Añadió que existieron coordinaciones entre la expareja presidencial, Rocío Calderón, Antonio Alarcón e Ilán Heredia para “dar legitimidad a un dinero de origen ilícito”.
“En estos dineros hay una procedencia ilícita. Son dineros que trataron de ser legitimizados a través de diversos mecanismos, como el sistema financiero y contratos, pero provienen de una situación de ilicitud”, concluyó.
Respecto a este primer caso, el excongresista Santiago Gastañadui y Maribel Vela Arévalo, expresidenta de la ONG Prodin, fueron absueltos por el tribunal.
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