En medio del juicio oral que afronta por los presuntos aportes ilegales que habría recibido de las empresas Odebrecht (hoy Novonor) y OAS, así como de Venezuela, el expresidente Ollanta Humala podría afrontar otro proceso judicial.
El Equipo Especial Lava Jato presentará una acusación en su contra por el presunto delito de cohecho pasivo propio y solicitó que se le imponga 13 años de prisión efectiva.
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La medida alcanza a otras 28 personas naturales y 14 empresas. Todos ellos son procesados por los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo genérico y lavado de activos.
En total, el proceso judicial abarca 30 procesos de selección para obras: 23 licitaciones y 7 concursos públicos.
En conferencia de prensa, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, se mostró confiado en que esta acusación superará todas las etapas de control judicial correspondientes hasta llegar a la etapa de juicio oral.
“Se trata de un caso en el que hubo un consorcio ilícito que desnaturalizó la actividad dentro de la construcción pública y que por supuesto desnaturalizó el derecho que todo ciudadano tiene de asociarse dentro del respeto de la ley”, acotó.
De acuerdo con la tesis fiscal, un grupo de empresas nacionales se confabularon para, en complicidad con algunos altos funcionarios y otras autoridades, repartirse las obras públicas que ejecutaba el Ministerio de Transporte (MTC) entre los años 2011 y 2014, durante el gobierno de Humala.
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“Ollanta Humala habría recibido coimas de las empresas”
Durante su intervención, el fiscal del caso, Germán Juárez Atoche, calificó esta investigación de compleja y la más difícil en llevar adelante en comparación con otras pesquisas relacionadas a Lava Jato.
“Las penas (contra los procesados) no bajan de 8 años de cárcel, porque estamos acusando por cohecho, lavado de activos y asociación ilícita. En algunos ha habido un concurso real de delitos y otros han sido acusados por un solo delito. Las sanciones van entre 8 a 15 años de pena privativa de la libertad”, aseveró.
En relación a Humala, el fiscal explicó que fue comprendido en el proceso por el presunto delito de cohecho. Según la tesis que maneja su despacho, el exmandatario, en el ejercicio de su cargo, “habría recibido dádivas o coimas de parte de las empresas constructoras para mantener el status quo respecto a las licitaciones que se daban en Provías”.
“Hay un colaborador eficaz que ha brindado información en ese sentido y es por eso que fue comprendido en ese caso”, sostuvo.
Juárez Atoche también informó que la exprimera dama, Nadine Heredia, fue excluida de la acusación debido a que durante el transcurso de la investigación “no se llegaron a establecer mayores elementos de convicción en su contra y que se trató de un simple dicho”.
De acuerdo con el testimonio de colaboradores eficaces, Humala y Heredia habrían recibido más de US$ 16 millones de las empresas constructoras a cambio del otorgamiento de licitaciones a un grupo de constructoras.
Los intermediarios para la recepción de los sobornos habrían sido el amigo de Humala y promoción de la Escuela Militar de Chorrillos, José Paredes Rodríguez, quien le habría entregado al exmandatario maletines con sobres manila y bolsas con fajos de US$10,000 en Palacio, y su hermano, Carlos Paredes, quien se desempeñó como titular del MTC.
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