Empresario denuncia que el Congreso le debe S/28,000 desde el año 2020

A fines de marzo, el jefe de servicios generales del Congreso, Víctor Castillo, informó en Cuarto Poder que el Parlamento gastará cerca de S/ 2 millones en la construcción de un nuevo centro de salud en la institución, para atender a los parlamentarios y los trabajadores del lugar.

Sin embargo, la construcción de un centro médico en el Legislativo no es algo de ahora, sino que los intentos por concretarla vienen desde el año 2020, y con una denuncia de por medio.

Cuarto Poder reveló que la empresa de Enrique Ahumada, “EAZAAC PROCOM S.A.C.”, realizó el expediente técnico para la construcción del centro médico del Parlamento durante la gestión de Manuel Merino; sin embargo, han transcurrido casi tres años y hasta ahora no le pagan los S/28,000 que cobró su compañía por el servicio.

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La historia de la licitación

Según el dominical, Sandra Torres Gavilano, del departamento de logística del Congreso, envió un correo a la empresa en la que los invitaban a presentarse como postora en el servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de dicha infraestructura.

“La verdad es que a mí me extrañó bastante la forma cómo lograron obtener mis datos y dado que por el tema de la virtualidad estaba muy de moda la suplantación de identidad, nosotros dudamos del correo que nos habían enviado”, dijo el empresario.

El misterioso correo daba menos de 24 horas para que la empresa de los Ahumada envíen su cotización y pueda participar de la entonces denominada “adjudicación sin proceso”.

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En ese momento, el padre de Enrique, Telesforo Ahumada Velásquez, era el gerente general y estuvo de acuerdo con postular, pese a que la empresa no contaba con un requisito fundamental para hacer negocios con el Estado, el registro nacional de proveedores, RNP.

“Se nos pide que adjuntemos el RNP, lo cual no adjuntamos porque entonces no contábamos con dicha credencial (...) a pesar de ello nos envían la orden de servicio para iniciar las labores”, agregó.

Solo dos semanas después, el 7 de agosto de 2020, otro trabajador del congreso, Arturo Ríos Pérez del grupo funcional de compras, envió un nuevo correo notificando a la empresa de los Ahumada la orden de servicio 0000370, mediante la cual quedaba seleccionada para realizar el expediente técnico del centro médico del legislativo.

“En esa ocasión me reuní con el ingeniero Víctor Castillo, jefe del área de ingeniería y mantenimiento, y también con el señor Juan Cruz, jefe del área de servicios generales, donde me entregan los términos de referencia para iniciar labores”, sostuvo el empresario.

Se estaba poniendo en marcha un proyecto que requería un acuerdo de la mesa directiva, pero que en ese momento no tenía.

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“Se tuvieron que hacer excavaciones de 1 x 1 m2 y de 3 m2 de profundidad. Esa tierra se tuvo que llevar a un laboratorio para saber si la construcción iba a ser segura (...) sí, cumplía con todas las exigencias estructurales”, acotó.

Tomó alrededor de 60 días cumplir con las fases previstas en los términos de referencia que, al inicio, contemplaba un centro médico en un terreno de 170m2 con ambientes principales como consultorio odontológico, tres consultorios de medicina, tópico para procedimientos de consulta externa con baño propio, triaje, farmacia, hall de ingreso con espera, comedor, entre otros ambientes para comodidad de congresistas y trabajadores del Congreso.

“Nosotros cumplimos con las etapas y plazos de entrega, muy a pesar de que el Congreso nos solicitó adicionales a los términos de referencia (...) se dieron todas las facilidades para entregar un trabajo de calidad y a pesar de ello el Congreso lo único que ha hecho es no pagar hasta la fecha, habiendo pasado ya dos años”, dijo.

En busca de conseguir que el Congreso le pague, Enrique Ahumada solo ha dado pasos perdidos. “El monto (que se nos debe) es de S/28 mil”, sostuvo.

Pese a que Enrique Ahumada ya había entregado el trabajo, en setiembre de 2020, el Congreso anuló la orden de servicio 370 y le solicitó al tribunal de contrataciones del Estado sancionar a la empresa por no contar con el registro nacional de proveedores. El Parlamento en noviembre giró una nueva orden, que también quedó sin efecto

En diciembre del 2020 se giró una tercera orden, la 745, cuando ya contaban con RNP, y Ahumada volvió a entregar por tercera vez el expediente técnico con más de 750 folios y un CD con archivo digital, que parece se hizo humo tras la salida de Merino del Congreso para asumir como presidente de la República.

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La postura de Manuel Merino

Al respecto, el expresidente del Congreso, Manuel Merino, dijo no haber tenido conocimiento sobre esta denuncia y lo que estaba pasando detrás de la construcción de este centro médico durante su gestión.

“Sí supe yo que a la persona que había hecho el expediente técnico no le habían pagado, le hicieron una nueva orden de servicio que también no se la pagaron…pero esos temas menores no los ve el presidente del Congreso, todas las órdenes de servicio las ve la parte administrativa”, alegó.

Merino también dijo no recordar si la Mesa Directiva que presidía firmó algún acuerdo de mesa para llevar adelante la construcción.

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“No, no, no se dio por orden de servicio la elaboración del expediente técnico (...) sí era necesario (la construcción de la infraestructura)”, acotó.

Finalmente, añadió que, a raíz de este caso, hubo analistas y funcionarios que fueron procesados.

“Bueno, eso no he sabido yo, lo que pasa es que recuerda que quien me sucedió a mí fue la señora (Mirtha) Vásquez Chiquilín y la señora trató de ponerle tierra encima a todo lo que veníamos haciendo”, apuntó.

La actual gestión del Parlamento confirmó que este caso estuvo lleno de irregularidades y que se abrió procesos administrativos a los funcionarios implicados.

¿Qué dice el Congreso sobre la denuncia?

Al respecto, el Congreso emitió un comunicado en el que según dijo, el expediente técnico del que se hace mención no guarda relación alguna con la documentación aprobada por la actual administración para la construcción del tópico que beneficiará a los trabajadores del Congreso de la República.

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