El 71% en regiones percibe que los gobernadores no fueron la solución

La última encuesta de Datum Internacional reveló que el 71% de peruanos en el interior considera que los gobernadores no han sido la solución para los problemas y necesidades de la región. Solo el 21% considera lo contrario.

De las personas que creen que la labor de los gobernadores no fue la adecuada, el 77% es de la región sur y el 74% de Lima Metropolitana. Respecto a nivel socioeconómico, el 76% pertenece al sector A/B y el 75% al sector C.

En cuanto a la edad, los que cuestionan la labor de sus autoridades regionales son los que tienen entre 45 y 54 años, con 77%, así como los de 25 a 34 años, con 75%.

Obras no terminadas

Datum también consultó quién es el principal responsable que no se ejecuten obras en su región. El 38% afirmó que es el gobierno regional, gobernador y autoridades regionales.

En tanto, el 28% contestó que los culpables son las municipalidades (provincial y distrital) y alcaldes; mientras que el 22% atribuyó responsabilidad al Gobierno, ministerios y al presidente Pedro Castillo.

De los que creen que el gobernador regional es el causante de que no se ejecuten obras en las regiones, el 49% vive en el sur y el 46% en el centro. Además, del estudio se desprende que el 47% pertenece al sector A/B y el 38% al sector C. Otro dato importante es que del 22% que percibe que las obras inconclusas se deben a una inacción del Gobierno o del mandatario, el 26% es del norte y el 19% del sur.

Procesos

El procurador anticorrupción Javier Pacheco informó que al día de hoy todos los gobernadores que han sido vacados del cargo, y los que aún continúan por haber sido elegidos en elecciones, tienen 198 procesos abiertos con la justicia.

De esta manera, subrayó que la corrupción no solo continúa cuando el gobernador es destituido, pues sus reemplazos, entre vicegobernadores o consejeros regionales, también son implicados en actos corruptos.

“El único que no tiene investigaciones, solo por presunta corrupción de funcionarios, es el gobernador regional de Cajamarca”, comentó en entrevista con Gestión. Se refiere a Mesías Guevara.

Bajo esa premisa, el abogado del Estado hizo un llamado a la Contraloría para que realice auditorías e informes de control a todas las gestiones de los gobernadores con el fin de prevenir más casos de corrupción de funcionarios.

“La fiscalización en este contexto es más importante, sobre todo teniendo en cuenta de que este es el último año de las autoridades locales y regionales. Probablemente, el próximo año se refleje con cifras en el 2023″, explicó.

Modalidades

El procurador Pacheco manifestó que en los últimos años la conformación de organizaciones criminales se ha incrementado en perjuicio del Estado.

Un caso puntual es “Los Hijos del Cóndor”, cuyo líder sería el gobernador de Arequipa, Élmer Cáceres Llica. Actualmente cumple 36 meses de prisión preventiva.

“El señor Cáceres estaba sobornando a los miembros del consejo regional para no ser fiscalizado y para ello les generaba o agenciaba algunos procesos de selección o les adjudicaba algunos terrenos en las ampliaciones de Majes II”, apuntó.

Es decir, hoy la modalidad usada por autoridades para cometer presuntos actos de corrupción es que ya no se involucran familiares, sino se realiza a través de terceros e, incluso, por medio de empresas fachada, que reciben dádivas.

Regiones más corruptas

Finalmente, Pacheco detalló que Lima, con 10,881 casos, Áncash, con 5,381, y Junín, con 3,369, son las regiones que más casos de corrupción tienen al cierre del año 2021.

La lista la completan Cusco, Ayacucho, La Libertad, Loreto, Piura. Las regiones en donde hay menos corrupción, según la Procuraduría, son Huancavelica y Tumbes, con 671 y 669 casos cada uno.

OTROSÍ DIGO

Control. El pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que fortalece la función fiscalizadora de los regidores municipales y consejeros regionales a nivel nacional. El texto aprobado subraya que “para la conformación de comisiones investigadoras y el envío de informes a la autoridad competente se requiere el voto favorable de no menos del 25% del total de miembros hábiles del concejo”. La iniciativa fue impulsada por la legisladora Norma Yarrow, de Avanza País.