El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso la delegación de facultades legislativas para emitir normas en materia de seguridad ciudadana, en el marco de la lucha contra la criminalidad.
Dentro del paquete de medidas también se detallan otras propuestas relacionadas al crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. Todas estas serán ejecutadas durante un plazo de 60 días calendario.
Cabe recalcar que este proyecto de ley contempla un total de 58 medidas, de las cuales 26 son específicas para seguridad ciudadana. Estas incluyen:
- Instituir servicios de justicia más céleres y exclusivos para delitos de alto impacto.
- Fortalecer operativamente a la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
- Actualizar y mejorar el marco penal y los procedimientos judiciales para delitos graves.
- Crear mecanismos especializados para combatir la extorsión, sicariato, secuestro y delitos patrimoniales relacionados con vehículos y autopartes.
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¿Cuáles son las principales medidas y reformas que podrán aprobar el Ejecutivo gracias a estas facultades legislativas?
Clubber Aliaga, exministro del Interior, indicó que Ejecutivo podrá emitir decretos legislativos para reforzar la lucha contra la extorsión, el sicariato y el crimen organizado, así como crear un sistema especializado de investigación.
“Además, podrá fortalecer la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mejorar el intercambio de información financiera y mejorar las normas de control, inteligencia y que faciliten los operativos”, añadió.
Aliaga mencionó que esta medida se justifica debido a que el proceso legislativo en el Congreso es lento y que, además “es más fácil para ellos revisar y corregir alguna medida que resulte desproporcionada”.
Añadió que, a corto plazo se verán más acciones operativas y mayor control del accionar de los criminales.
“A mediano plazo, se verá una reducción sostenida de extorsiones y crimen organizado, si se hace un buen trabajo. No bastan solo las leyes, sino también el trabajo operativo eficaz”, precisó.
Por su parte, el exdirector general de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, precisó que entre las reformas más concretas se destaca la reducción del tiempo para la destrucción de armas decomisadas con el fin de evitar que sean reutilizadas por delincuentes.
“(Se podrá ver) el problema de la SUCAMEC, que normalmente tiene que esperar tres años para que a partir de los tres años recién se pueda, fundir esas armas, que normalmente son decomisadas por intervenciones a delincuentes. Ahora, están pidiendo que eso sea solamente en un año, un año”, precisó.
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¿Cuáles de las 26 medidas son las más directas y fuertes respecto a la lucha contra el crimen?
Para Clubber Aliaga, las más contundentes son:
- La creación del Sistema Especializado de investigación para extorsión y delitos violentos.
- Creación de nuevas unidades policiales especializadas y mejorar la capacidad operativa de la PNP.
- Medidas penitenciarias para evitar las comunicaciones criminales desde los penales.
- Acceso más rápido a información financiera y tecnológica para luchar contra las extorsiones.
Para Pérez Rocha, las más confrontacionales son las relacionadas a intervenciones en el Instituto Nacional Penitenciario, la formalización de pruebas con polígrafo, aunque esta última solo se aplicará de manera voluntaria.
“Se está viendo la posibilidad de realizar reajustes de presupuesto para equipar técnicamente a la Policía Nacional, como GPS para, ya teniendo los números de telefonía, donde están efectuando las extorsiones, se pueda ubicar rápidamente a los delincuentes. Y uno de los decretos legislativos es dar la facilidad para que, las compañías que tienen que ver con las centrales de telefonía, inmediatamente al pedido que se tenga para este tipo de investigaciones, se dé el dato exacto y rápido. Entonces, es algo nuevo”, acotó.
Sin embargo, mostró escepticismo respecto a la efectividad de las reformas, debido a las limitaciones temporales del gobierno y la falta de compromiso del Congreso en un contexto preelectoral.
“Como vemos, esto puede demorar mucho tiempo y nuestro presidente solamente tiene para ocho meses de gobierno” mencionó.
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¿Cómo será supervisado el buen uso de estas facultades y qué mecanismos de control existen?
Clubber Aliaga mencionó que el Congreso debe revisar y controlar la efectividad de las medidas delegadas.
“Las propias instituciones deben preocuparse por su buena ejecución accionando sus sistemas de control interno”, acotó.
Pérez Rocha, por su parte, indicó que existen dos mecanismos principales: la Contraloría General de la República y las procuradurías públicas sectoriales. Sin embargo, indicó que la insuficiencia de recursos humanos y presupuestarios para cumplir adecuadamente estas funciones, sobre todo en regiones donde los fiscalizadores son contratados y remunerados directamente por las jefaturas regionales, puede afectar su independencia.
“Ya hemos visto ya la cantidad de miles de millones para el presupuesto de la República y en lo que respecta a seguridad ciudadana, se ha bajado en un 12%. Lógicamente, no se cuenta con presupuesto para que la Contraloría designe a los funcionarios para que fiscalicen todo lo relacionado a oficinas públicas, desde regiones, municipios, etcétera. Tenemos 24 regiones, 196 provincias a nivel nacional y 1859 distritos”, mencionó.
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¿Hay riesgo de que estas medidas limiten derechos civiles, como la libertad de prensa o la privacidad de datos?
Pérez Rocha coincidió y advirtió sobre el riesgo de que algunas de las medidas puedan limitar derechos civiles, como la libertad de prensa y la privacidad de datos. Mencionó la posible aplicación de la “reserva de informaciones”, lo que sería una forma de regular la información para los medios. Sin embargo, dijo esperar que esto no se llegue a aprobar.
“No creo que se apruebe en el Congreso. Es lógicamente un proyecto también legislativo, pero eso puede tener consecuencias graves (…) (Pero) de todas maneras hay riesgos”, puntualizó.
El proyecto de ley contempla un total de 58 medidas, de las cuales 26 son específicas para la seguridad ciudadana. Foto: Presidencia
