La iniciativa, impulsada por Wilson Soto, cuenta con el respaldo de ocho legisladores acciopopulistas, la mayoría de ellos investigados por el Ministerio Público en el marco del caso ‘Los Niños’.
Entre los firmantes figuran José Arriola, Darwin Espinoza, Silvia Monteza, Carlos Alva, Jorge Flores, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori y Luis Aragón.
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Al respecto, el premier Alberto Otárola mostró su oposición al referido proyecto. En diálogo con la prensa, indicó que el Ejecutivo respalda el actual modelo de inmunidad legislativa.
“El Gobierno cree que el modelo actual de la inmunidad es el adecuado. Hacemos una invocación para que el Congreso debata de acuerdo a sus facultades este pedido. Ojalá que sea archivado”, señaló desde Pucallpa, en donde lideró una actividad de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca.
En la iniciativa de Soto se precisa que la finalidad es “fortalecer la institucionalidad del Congreso de la República”. De este modo, los congresistas no podrían ser procesados ni presos sin previa autorización del Parlamento o de la Comisión Permanente durante su mandato, excepto por delito flagrante.
“La desprotección de los congresistas expuestos ante las denuncias y procesos penales que se les podrían abrir, o apresar directamente sin un previo proceso constitucional para levantarles la inmunidad, origina el debilitamiento del legislativo y pierda su condición natural de ser el primer poder del Estado”, se lee en el documento.
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El Huallaga y el narcotráfico
En otro momento, Otárola recordó que, en el año 2016, nuestro país tenía 40,000 hectáreas de coca; sin embargo, advirtió que hoy en día bordeamos las 100,000 hectáreas. En ese sentido, dijo que esta situación tiene que parar.
“El narcotráfico está creciendo porque se han ampliado las zonas de siembra ilegal. El Huallaga podría estar siendo retomado por el narcotráfico”, alertó en diálogo con Canal N.
Explicó que tiene instrucciones precisas de Boluarte para reducir las cifras alarmantes de exportación de cocaína del país y trabajar activamente con las poblaciones afectadas.
“Es cierto que estamos en un difícil momento por la seguridad ciudadana, pero especialmente tenemos el problema que nos causa el narcotráfico, por la generación de economías ilegales y la corrupción”, apuntó.
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