En su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte, reconoció que el mayor problema que enfrenta hoy en día el país y su Gobierno es la alta inseguridad ciudadana y el alarmante avance de la delincuencia y la criminalidad.
En ese sentido, anunció que presentará al Congreso un proyecto de ley de delegación de facultades, por el plazo de 120 días, para aprobar medidas que ayuden a enfrentar, con mayor dureza y eficiencia, la delincuencia y la criminalidad.
“Este proyecto de delegación de facultades también incluye la contención de las probables consecuencias negativas del Fenómeno El Niño Global, la gestión de moderna infraestructura productiva y de servicios, así como dar prioridad a la meritocracia como base de la institucionalidad del Estado, en el contexto del impulso a la reactivación acelerada de nuestra economía”, indicó.
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Según dijo, el propósito de su gestión es producir un total de 50 normas, 33 directamente encaminadas a reducir al máximo las amenazas de la delincuencia, 6 normas para enfrentar oportuna y eficientemente las emergencias que se deriven de la anomalía climatológica, 10 decretos legislativos sobre desarrollo de la infraestructura y una norma sobre meritocracia para reducir el déficit de calidad de los recursos humanos que el Estado incorpora a sus instituciones.
“Dado el alto índice de la delincuencia, en el marco de la solicitud de facultades pretendemos aprobar una norma orientada a reforzar la lucha contra la extorsión, la estafa, el fraude y otros delitos, con una herramienta que permita el intercambio de información entre la Superintendencia de Banca y Seguros, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional”, añadió.
La presidenta añadió que se establecerá un marco normativo para la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencias, a través de un único número que regule su interconexión y funcionamiento, así como medidas para el traslado de su administración y funciones de las entidades involucradas.
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“Buscamos también modificar el Código Penal respecto a sus alcances en los delitos de robo, hurto y la penalización del uso de celulares robados o ilegales para romper el ciclo pernicioso de una de las modalidades delictivas que generan alto riesgo contra la vida, el cuerpo y la salud de nuestra población”, apuntó.
A su vez, anunció que la lucha contra el narcotráfico se incorporará desde este momento a la agenda central del despacho presidencial y que enfrentará el crimen organizado y los delitos conexos generados por el tráfico de drogas.
“Para ello, produciremos nuevas metas de erradicación e incrementaremos el presupuesto destinado al desarrollo alternativo integral y sostenible”, sostuvo.
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Expulsión de extranjeros y regulación de armas
A efectos de frenar la acción delictiva cometida por extranjeros en nuestro país, el Ejecutivo busca incorporar en el Código Penal, como pena restrictiva, la figura de la expulsión en casos de flagrancia.
“De esta manera, cubriremos un vacío que existía en nuestra legislación. Asimismo, se ha contemplado la modificación del artículo 30° del Código Penal que permitirá aplicar como pena, la figura de la expulsión a los extranjeros que hayan sido condenados a una pena suspendida o condicional”, dijo Boluarte.
También se busca sancionar a quienes promueven, favorecen, financian o facilitan el tránsito irregular en el país de otra persona, con el fin de obtener directa o indirectamente cualquier beneficio para sí, o para terceros, en aquellas zonas que no son frontera, conducta que actualmente es impune.
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En el marco de la solicitud de facultades, la presidenta dijo que se busca fortalecer el control migratorio a nivel nacional adoptando medidas orientadas a mitigar los riesgos derivados de las acciones contrarias al ordenamiento jurídico, entre ellas, estableciendo un procedimiento administrativo sancionador aplicable a procedimientos migratorios.
“Pretendemos también modificar el Decreto Legislativo N°29010 a efectos de incluir en las facultades de los Gobiernos regionales y locales la de realizar gastos de inversión en los servicios policiales, operativo básico especializado, de investigación criminal, de formación policial y aportes a la infraestructura y equipamiento policial”, añadió.
Respecto a la alta incidencia de la violencia contras las mujeres e integrantes del grupo familiar, la mandataria propuso modificar el Código Procesal Penal con la finalidad de establecer que las requisitorias cursadas a la autoridad policial no caduquen hasta la efectiva detención de los agresores.
Finalmente, anunció que se modificará la Ley de Armas de Fuego y Municiones “a fin de establecer precisiones en la regulación vigente sobre la materia, así como de las licencias y prohibiciones”.
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