El nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Eduardo Arana Ysa, señaló que el Gobierno expresa su “preocupación” por la decisión del pleno del Congreso de la República de encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una investigación sumaria a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Fue en entrevista con RPP, que el nuevo ministro de Justicia informó que han abordado este tema en una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, con quien analizó la posición del Ejecutivo.
“La posición del Ejecutivo, lo hemos conversado con el premier, es de una preocupación respecto de esta investigación, porque consideramos que las instituciones y la democracia pueden estar, por un lado, en riesgo y; por otro lado, creemos que las instituciones, en el caso de los organismos constitucionalmente autónomos, deben ser protegidas”, expresó.
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Arana Ysa, dijo que el Gobierno. liderado por la presidenta Dina Boluarte, espera que la investigación del Congreso se realice “dentro de los cánones constitucionales, y que se haga lo que tenga que hacerse de la manera más prudente”.
No obstante, aclaró que el Ejecutivo “es respetuoso de las atribuciones y competencias del Congreso”, sin embargo mencionó que las razones para iniciar una investigación como la que hará el Legislativo “debe estar basada en fundamentos que tengan validez constitucional y validez jurídica”.
El Pleno del Congreso aprobó ayer, con 84 votos a favor, 22 en contra y siete abstenciones, encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una investigación sumaria, por causa grave, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, con un plazo de 14 días para que presente su informe.
Tras la votación del Pleno, la Junta Nacional de Justicia expresó su rechazo a la moción del Congreso que busca la remoción de sus integrantes por considerarla una amenaza al orden constitucional.
En un comunicado emitido por el pleno del organismo, los magistrados que integran el pleno señalaron que al país le constan “las amenazas que desde diversos frentes se ciernen” sobre la Junta, “sin más causa que el ejercicio independiente de sus funciones constitucionales”.
Y la JNJ consideró que la eventual remoción de sus miembros, sin un procedimiento preestablecido, sin una causal tipificada y con clamorosa carencia de fundamento, “constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú”.
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