La comisión de Fiscalización del Congreso aprobó esta mañana el informe final del caso ‘Cirugías’, que, entre otras cosas, recomienda declarar la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por una presunta incapacidad moral permanente.
Esto, por no haber informado ante el Parlamento sobre las cirugías estéticas a las que se sometió en junio del año 2023. La mandataria, según establece la Constitución, debió haber solicitado la autorización respectiva para ausentarse en el cargo por unos días, algo que no hizo.
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El documento recibió el respaldo de 9 legisladores, mientras que 3 se abstuvieron. No se registró ningún voto en contra.
Al respecto, el premier Eduardo Arana dijo que no ha podido leer el documento con detenimiento, pero precisó que sí escuchó sus conclusiones y recomendaciones a través de los medios de comunicación.
En ese sentido, recalcó que muchas de las recomendaciones están relacionadas con aspectos que, en la actualidad, “carece de objeto pronunciarse”.
“Por ejemplo, la recomendación de poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación estos hechos para que actúen tiene en la vía práctica un valor nulo, porque ya la Fiscalía presentó una denuncia (constitucional) sobre el caso”, indicó esta tarde.
Además, recordó que la comisión de Fiscalización no tiene facultades del Pleno del Congreso para investigar el tema, por lo tanto, “sus recomendaciones no tienen valor en la esfera judicial, no son vinculantes”.
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CRITICA A PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
En otro momento, Arana recordó que el titular del grupo de Fiscalización, Juan Burgos, siempre ha tenido una posición en contra de la mandataria e, incluso, dijo que adelantó opinión en muchos de los casos que investiga.
También cuestionó cómo se originó la investigación del caso ‘Cirugías’. Según dijo, todo se originó por las declaraciones de un expremier, en alusión a Alberto Otárola, quien fue citado a la comisión para responder por una denuncia en su contra y respondió otra cosa que, posteriormente, generó la indagación contra la jefa de Estado en la Fiscalía.
“Aquí va nuestra primera preocupación, porque si estamos hablando de un documento (informe final) en el cuál estamos hablando de una política de fiscalización; entonces, ¿dónde quedó la tarea de fiscalización de dicha comisión justamente cuando citan a alguien para una investigación de un determinado hecho y luego este hecho desaparece del plano de la investigación?“, cuestionó.
De acuerdo con el informe final aprobado en la comisión de Fiscalización, al que accedió Gestión, Boluarte experimentó un periodo de “incapacidad médica temporal” desde el 28 de junio hasta el 4 de julio de 2023.
La cirugía a la que se sometió la mandataria duró 2 horas con 25 minutos y la recuperación implicó hospitalización y atención médica personalizada en Palacio de Gobierno y en su casa, ubicada en Surquillo.
“Este periodo representó una suspensión fáctica del ejercicio de sus funciones presidenciales”, se lee en el documento.
En ese sentido, se recuerda que Boluarte “no informó al Congreso sobre la posible incapacidad temporal”. Esto constituye una omisión constitucional, debido a que la Carta Magna establece procedimientos claros para la sucesión temporal del mando.
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