
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, se pronunció este jueves sobre la huelga de hambre que habría iniciado el expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. Según Castillo, esta medida es una forma de protesta ante lo que considera una “politización” del juicio oral en su contra por el presunto delito de rebelión.
Al respecto, el ministro de Justicia señaló que adoptar una medida de protesta como una huelga de hambre es una “decisión personal” del expresidente.
“Que una persona decida no comer o no beber es una decisión personal, nadie puede agarrar a un interno, abrirle la boca y ponerle la comida. Entonces, es una decisión personal”, sostuvo.
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“Lo que yo como ministro debo decir [es]: exhortamos a todos los internos, en particular al interno [Pedro] Castillo, a que se someta a los reglamentos que están previstos en el Código de Ejecución Penal y en el ordenamiento del INPE y que no politice su situación”, señaló.
Cabe destacar que, según informó el INPE, Castillo Terrones fue trasladado esta mañana al Hospital II de Vitarte para evaluar su estado de salud. En declaraciones internas a RPP, el abogado de Castillo, Walter Ayala, detalló que dicho traslado se debió a una descompensación sufrida por el expresidente.

Arana anunció convocatoria de Consejo de Estado por filtraciones a la prensa de procesos en la Fiscalía
Ayer, el ministro de Justicia anunció que “pronto” se convocará a una reunión del Consejo de Estado, en respuesta a lo que calificó como “permanentes filtraciones” provenientes del Ministerio Público, principalmente relacionadas con casos vinculados al Gobierno.
“Con el premier hemos sugerido y pronto estaremos convocando a una reunión de Consejo de Estado o una reunión de los actores del sistema de justicia, porque además de estos temas consideramos que es importante que lo que está pasando en nuestro país merece una atención preocupante desde el Gobierno y de todos los sectores del sistema de justicia”, indicó.
En esa línea, Arana señaló que la prensa “tiene acceso a mucha información relacionada con los casos” que involucran a funcionarios del Gobierno, lo cual, dijo, podría evidenciar “que el Ministerio Público tendría algún interés de que esta información empiece a ser sometida al escrutinio público”.
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