
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, se pronunció sobre la situación de la presidenta Dina Boluarte, quien es investigada por realizarse una serie de cirugías en el rostro.
Diferentes medios de comunicación han publicado documentos de los correos en los que el médico encargado de su intervención quirúrgica, Mario Cabani, se refiere a los pagos y no necesariamente con dinero, sino con “favores”.
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Frente a ello, Arana Ysa sostuvo que esa documentación presentada “no tiene validez” y que la Fiscalía debería dejar de filtrar información a los medios de prensa.
“La Fiscalía no es el juez y no establece verdades. Establece hipótesis. Consideramos que es un documento que no tiene validez. La presidenta ha rechazado que exista este tipo de arreglos o coordinaciones de este tipo. No siendo esto verdad, es una hechura falsa”, dijo en RPP.
Asimismo, el ministro de Justicia expresó que tiene plena confianza en la versión de la presidenta Dina Boluarte, quien ha señalado a su persona y al premier Gustavo Adrianzén, que no hubo arreglos ilicitos en el Estado para realizarse dicha intervención.
“No hemos conversado de cómo hizo los pagos a su cirugía. Creo que en su honestidad y por eso su abogado está haciendo su defensa que corresponde”, agregó.
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Con respecto a la labor fiscal en este caso, Arana fue crítico y acusó a la Fiscalía de filtrar información a los medios de comunicación.
“Cuando politizamos un hecho de la presidenta, estamos afectando la democracia y la gobernabilidad. Gran parte del problema, la crisis que vive el país, está en el sistema de justicia. Lo que sucede es que gran parte del problema está originado en el Ministerio Público. Me parece importante que el Ministerio Público no filtre los documentos. Yo tengo documentación que lo demuestra”, expresó.
No obstante, aseguró que “no existe una guerra desatada” con la Fiscalía, lo que existe es “una crisis en el que el Ministerio Público no entiende su rol democrático en la gobernabilidad y considera que solo se debe regir en el marco de la ley y el código procesal”.