Pese a estar en el ojo de la tormenta a raíz de una investigación que la sindica como líder de una organización criminal, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se resiste a dar un paso al costado.
En un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, la titular del Ministerio Público calificó las investigaciones en su contra como “un acto torpe” de intentar desestabilizar la independencia y autonomía de su institución, “utilizando para tan deleznable propósito” a algunos fiscales.
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Según dijo, no va a retroceder, pues tiene una postura firme con la labor que realiza.
Benavides realizó este pronunciamiento luego de que un equipo de fiscales y policías ejecutaron un megaoperativo denominado “Operación Valkiria V”, en el que se allanó e incautó documentación de los inmuebles de sus tres asesores: Jaime Villanueva, Abel Hurtado y Miguel Girao.
De acuerdo a la tesis fiscal, Benavides, Villanueva, Girao y Hurtado integrarían una organización criminal que habría instrumentalizado la persecución penal para beneficio propio, con el objetivo de influir ilícitamente en decisiones de congresistas para la remoción de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo y la inhabilitación de la exfiscal suprema, Zoraida Ávalos.
Ayer en la noche la JNJ se declaró en sesión permanente a fin de evaluar una posible suspensión de Benavides en el cargo. Al cierre de la edición no había una respuesta.
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Presenta denuncia contra Boluarte y Otárola
En su pronunciamiento, Benavides también remarcó que continuará con las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables por las muertes ocurridas durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte.
Acto seguido, anunció que presentó una denuncia constitucional contra Boluarte, el premier Alberto Otárola y los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Todos ellos son investigados por los presuntos delitos de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban y otras personas, así como de lesiones graves en agravio de Sebastián Murillo y otros ciudadanos.
Esto, a pesar de que en octubre pasado Benavides dispuso ampliar hasta por ocho meses más la investigación que se seguía contra Boluarte y Otárola; es decir, que pese a que sólo ha transcurrido un mes la fiscal de la Nación cerró la pesquisa y decidió formular la denuncia constitucional.
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Es una maniobra política
La respuesta desde el Ejecutivo no se hizo esperar. Boluarte consideró que la denuncia presentada en su contra por parte de Benavides es una maniobra política para distraer la atención y la instó a responder de forma clara ante las instancias correspondientes.
“Expresamos nuestra condena ante tan deleznable maniobra política, en la que utilizando de manera indebida la memoria de compatriotas fallecidos se pretenda distraer la atención de una denuncia contra la misma fiscal de la Nación, respecto a la cual debe responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa”, enfatizó en un pronunciamiento.
Añadió que le “causa extrañeza” que dicha denuncia haya sido presentada luego de que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones en el marco del caso que involucra a Benavides.
“Es preciso notar que el pasado 24 de noviembre fui notificada de que la Fiscalía de la Nación separó mi caso, ampliando la investigación para los próximos 8 meses. Es extraño también que el viernes se decida la continuidad y el lunes, hoy (ayer), me denuncian ante el Congreso. Es sospechoso y grave”, manifestó.
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Esta situación afecta a la democracia
En diálogo con Gestión, el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, consideró que toda esta situación “afecta seriamente la democracia”.
“Independientemente de las situaciones delictivas que se están investigando, la cosa más preocupante es que las investigaciones están revelando el accionar de altas autoridades, afectando principios democráticos esenciales, como, por ejemplo, la separación de poderes y los mecanismos de pesos y contrapesos”, cuestionó.
En ese sentido, remarcó que lo importante es garantizar la independencia de la institución y respaldar la labor de Marita Barreto, coordinadora del equipo de fiscales que investiga a esta organización criminal.
Por eso, según dijo, Benavides debería dar un paso al costado para evitar cualquier riesgo de obstrucción.
“Lamentablemente el solo hecho de que la fiscal de la Nación se encuentre investigada, genera una tensión; es decir, Patricia Benavides, con las facultades que tiene, puede eventualmente tener un papel que obstruya esas investigaciones (…) digamos que todo esto hace inevitable su salida del cargo”, acotó.
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