Dina Boluarte y el caso Rolex: las implicancias legales que podría enfrentar la presidenta

Esto, tras conocerse que usó un reloj de la marca Rolex, valorizado en aproximadamente US$ 14,000, que no habría sido informado en su declaración jurada.

“La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha dispuesto en la fecha iniciar diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidente de la república, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex”, indicaron en un comunicado en Twitter (ahora X) .

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El portal de noticias ‘La Encerrona’ analizó un total de 10,000 fotografías y determinó que la jefa de Estado tendría una colección de, al menos, 14 relojes de alta gama, entre ellos, un Rolex, desde que inició funciones como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) hasta que juró como jefa de Estado.

De estos 14 relojes, cuatro de ellos habrían sido usados por Boluarte desde que juró como titular del MIDIS, sector en el que percibía un sueldo que ascendía a S/ 30,000 mensuales. Así se tiene que desde julio del 2021 hasta diciembre del 2022, la presidenta contaba solo con cuatro de estos accesorios.

Sin embargo, la situación cambió luego de que Boluarte asumiera la Presidencia de la República, pues desde diciembre del 2023 se le vio en diversas actividades públicas con 10 relojes distintos.

Todo esto llamó la atención debido a que Boluarte habría adquirido estos accesorios cuando su sueldo se redujo de S/30,000 a S/15,000 mensuales. Es decir, cuando pasó de desempeñarse como ministra de Desarrollo e Inclusión Social a jefa de Estado.

Tras conocerse esta denuncia, Boluarte indicó que el reloj Rolex que lució en una actividad se trata de un artículo de “antaño” y que no es nuevo.

“Lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir: he entrado a Palacio con las manos limpias y saldré con las manos limpias”, dijo tras calificar de tendenciosas las noticias que informan sobre la compra de sus relojes.

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“Lo que quiero decirles, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero: Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo”, aseveró.

¿Cuáles son las implicancias legales que enfrentaría Boluarte?

En diálogo con Gestión, los abogados penalistas Carlos Caro y Luis Lamas Puccio coincidieron en señalar que fue acertada la decisión de la Fiscalía de iniciar diligencias preliminares en contra de Boluarte. Ambos destacaron, por separado, que los indicios fueron suficientes como para proceder con esta medida.

“Esta investigación es por un delito que podría ser considerado como complejo y la pesquisa preliminar puede durar hasta 8 meses. Entonces, en este tiempo la Fiscalía puede llevar adelante todos los actos de investigación para corroborar cuál es el origen de estos bienes, en qué año los ha adquirido, si los ha comprado por su renta propia o con la renta de terceros, si fue una donación o si los trajo del extranjero, hay muchísimas variables”, indicó Caro.

El abogado explicó que el delito de enriquecimiento ilícito no significa solamente que el investigado registre un patrimonio injustificado, sino que se tiene que relacionar todo eso con un acto de abuso del cargo que habría cometido el funcionario, en este caso, Boluarte.

En ese sentido, consideró que en el caso de la presidenta, hasta el momento, “solo hay indicios de que tiene bienes en su poder, cuyo origen y la fecha de la adquisición tendría que explicar”.

“Sería enriquecimiento ilícito si se prueba que el patrimonio que te ha generado riqueza corresponde a un periodo en el cual has ejecutado un acto de abuso en el cargo. Si es que simplemente se trata del incremento patrimonial no justificado podría haber un caso más de delito tributario, pero no de enriquecimiento ilícito”, apuntó tras precisar que, por ahora, no percibe un caso de enriquecimiento ilícito, sino que hay indicios de un posible incremento patrimonial no justificado.

Respecto hasta qué punto podría llegar la Fiscalía en su pesquisa, Caro remarcó que solo pueden investigar el caso hasta la etapa preliminar debido a la inmunidad que tiene Boluarte; sin embargo, dijo que dicha situación podría cambiar si es que se comprueba que los relojes habrían sido adquiridos antes del 2021; es decir, cuando no tenía protección.

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“Por ejemplo, si Boluarte compró los relojes en el año 2016 o 2017, cuando trabajaba en el Reniec, no tiene ninguna protección o fuero especial. Si los adquirió en esos años, la Fiscalía no tendría problema en pasar por todas las etapas, hasta llegar a la acusación. En ese escenario, la presidenta no tendría inmunidad, porque es un hecho anterior”, apuntó.

El experto recordó que en el delito de enriquecimiento ilícito, en su forma agravada, la pena puede llegar hasta los 19 años de prisión efectiva, mientras que en lo que respecta a falsa declaración y omisión de consignar declaración en documentos, la sanción es de 4 años de cárcel. “La imputación contra Boluarte podría dar lugar a una pena de hasta 19 años de prisión”, dijo el abogado.

Para Lamas Puccio, aún es muy prematuro hablar de una posible sanción contra la jefa de Estado por estos hechos debido a que nos encontramos en una etapa preliminar de la investigación.

“Se está recopilando información y la presidenta tendrá que mostrar las facturas por las compras de estos relojes. A partir de ahí quizás la Fiscalía decide si archiva la investigación y no la convierte en preparatoria”, acotó.

¿Qué información podría solicitar la Fiscalía?

En cuanto a las diligencias y pedidos de información que realizará el Ministerio Público, Caro sostuvo que lo primero que tendrían que solicitar son las declaraciones de bienes y rentas que presentó Boluarte a la Contraloría General de la República desde que empezó a trabajar en el Estado; es decir, desde que se desempeñó como funcionaria de Reniec.

“La Fiscalía debería abarcar el cruce de información desde que Boluarte inició a laborar como funcionaria pública, en Reniec”, acotó.

Precisamente, el contralor Nelson Shack aseguró ayer que su institución colaborará con el Ministerio Público y que entregarán todas las declaraciones juradas requeridas para el caso.

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Respecto a los relojes, el abogado dijo que se debería determinar la trazabilidad de la compra de estos accesorios; es decir, desde identificar a la joyería o casa autorizada en la que se compró el producto hasta la forma en que se pagó y su origen.

“La presidenta tiene que acreditar cuál es el origen de la compra de los relojes, donde lo compró, además de mostrar las facturas, boletas y con qué dinero pagó, si pagó en efectivo, en qué año”, añadió.

En caso la jefa de Estado haya perdido las facturas o boletas o decida guardar silencio y/o no entrega la información requerida, Caro sugirió que la Fiscalía podría tratar de averiguar el año en que se fabricó estos relojes y corroborar si en ese año la investigada ejercía una función pública o no.

“Por ser bienes de alto valor, las normas de prevención del lavado de activos exigen trazabilidad, el vendedor (joyería) debe documentar la compra venta y conservar la data hasta por 10 años”, manifestó.

Caro también se refirió a las declaraciones de Shack, quien indicó que su institución hizo un análisis de las declaraciones juradas de la presidenta, cuando se desempeñó como ministra del gobierno de Pedro Castillo, y no encontraron ninguna irregularidad y desbalance patrimonial.

“La investigación ahora es independiente y lo que hizo la Contraloría, en su momento, no condiciona a la Fiscalía. Según la jurisprudencia, un informe administrativo no vincula al Ministerio Público. Entonces, ese informe (de la Contraloría) se considera como una prueba preconstituida, pero no es vinculante ni obligatoria para la Fiscalía, que podría realizar un nuevo estudio y ver si hay desbalance patrimonial en las cuentas de la presidenta”, sostuvo.

En tanto, Lamas Puccio recordó que los relojes que ostenta la jefa de Estado están seriados, lo que permitiría rastrear su origen y de sus compradores oficiales.

Enfatizó que la Fiscalía, en caso formalice la investigación a preparatoria, estaría habilitada para poder solicitar el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de la presidenta.

Al cierre de la edición, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, envió un oficio al premier Gustavo Adrianzén en la que le pide las boletas y comprobantes de pago a favor de Boluarte correspondientes al período de julio de 2021 a marzo de 2024.

Además, se solicitaron fotografías y videos relacionados con 15 relojes, incluidos los de la marca Rolex, que fueron usados por la mandataria en eventos protocolares, así como información específica relacionada con los gastos y adquisiciones realizadas por Boluarte en distintos eventos protocolares.

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SOBRE EL AUTOR

Carlos Hinostroza Sánchez

Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.