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La situación judicial de la presidenta Dina Boluarte quedó en manos del Congreso de la República del Perú. El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentó la semana pasada una denuncia constitucional en su contra en el marco del caso Rolex.
La mandataria es acusada como presunta autora de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo impropio.
“Los hechos están referidos a que la investigada habría recibido, en calidad de donación, del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tres relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República”, informó el Ministerio Público en sus redes sociales.
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Los tres relojes Rolex, que se encuentran incautados desde abril pasado, están valorizados en US$ 18,250, US$ 26,215 y US$ 20,217, respectivamente. En tanto, los aretes argolla de oro con diamantes habrían costado US$ 5,512; mientras que la pulsera Bangle con 94 brillantes está valorizada en US$ 9,900.
Además, se le cuestiona por la emisión de, al menos, siete Decretos Supremos y leyes en favor del Gobierno Regional de Ayacucho, que encabeza Oscorima.
El documento, al que accedió Gestión, contiene en total 33 elementos de convicción contra la presidenta, quien “habría incurrido en actos delictivos durante su desempeño funcional como presidenta de la República”, según concluyó el Ministerio Público.
Tras la presentación de esta denuncia, surge la duda respecto hasta dónde podría llegar el Parlamento teniendo en cuenta la protección constitucional que goza Boluarte. Además, se plantean otras interrogantes que absolveremos en esta nota.
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¿Hasta dónde puede llegar el Congreso en la tramitación de la denuncia?
El artículo 117 de la Constitución establece los supuestos en los que un presidente de la República puede ser acusado en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con la Carta Magna, la jefa de Estado solo puede ser acusada por traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver el Congreso sin causa alguna e impedir el funcionamiento del Congreso o de las instituciones del sistema electoral.
Al respecto, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda, indicó a Gestión que el Congreso no puede iniciar un proceso acusatorio contra Boluarte porque la Constitución lo prohíbe, por lo que consideró que la Fiscalía debe esperar hasta el 2026 para pasar a la siguiente etapa de la investigación en su contra.
“Ya lo dijo el TC, que interpretó la Constitución, se puede iniciar y culminar la etapa de investigación preliminar, con la finalidad de reunir todos los medios de prueba que puedan constituir elementos de juicio para un futuro proceso contra el presidente cuando deje el cargo, de tal forma que eso es lo que se tiene que hacer, porque el artículo 117 expresamente lo dice y es la regla específica para los presidentes: se prohíbe cualquier acusación contra un presidente durante su mandato, a excepción de las cuatro causales”, aseveró.
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Precisamente, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, anunció la semana pasada que este martes dará cuenta en su grupo de trabajo de la llegada del documento enviado por Villena. Este es el primer paso de todo el proceso que seguirá la denuncia en el Parlamento.
Álvarez remarcó que el grupo de trabajo que preside Camones no puede ni siquiera admitir a trámite la denuncia en mención, ni mucho menos derivarla a la Comisión Permanente.
“No se pude iniciar el proceso de acusación constitucional porque la causal presentada por el fiscal de la Nación no está enmarcada en el artículo 117 de la Constitución. Al presidente ni el Congreso ni el Poder Judicial pueden procesarlo en funciones”, dijo tras precisar que Villena, al término de la indagación preliminar, debió haber archivado de manera temporal el caso hasta el 2026.
Sin embargo, Natale Amprimo tiene una postura diferente. Para el constitucionalista, la subcomisión y la Comisión Permanente sí pueden darle luz verde a la denuncia, pero el caso no puede llegar hasta el Pleno.
“La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales puede recomendar la acusación (de Dina Boluarte) o que (la demanda) sea mandada al archivo. En el primer escenario, la Comisión Permanente también puede darle luz verde, pero no presentar el informe al pleno. De ser así, el caso queda en manos del siguiente Congreso”, indicó al diario El Comercio.
Ambos expertos coincidieron en que la única salida ante este escenario es la vía política; esa decir, que un congresista tome los fundamentos de la denuncia de la Fiscalía y presente una moción de vacancia en contra de Boluarte.
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¿Qué pasa con los otros dos delitos por los que venía siendo investigada Boluarte y el futuro de Oscorima?
Tras conocerse la denuncia por el caso Rolex, la Fiscalía abrió una investigación preliminar en contra de Boluarte por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos. Posteriormente se añadió el delito de cohecho pasivo impropio.
Sin embargo, en la denuncia constitucional presentada por Villena solo se contempló el último delito. ¿Qué pasará con los otros dos delitos?
En la denuncia constitucional se precisa que, el pasado 16 de mayo, se dispuso desacumular los hechos referidos a la imputación contra la presidenta por el delito de enriquecimiento ilícito y de omisión de consignar declaraciones en documentos, “debiéndose extraer copias certificadas y/o simples de la documentación que corresponda para su posterior registro en un nuevo ingreso de carpeta fiscal”.
Al respecto, el abogado penalista Andy Carrión explicó a Gestión que esto significa que Villena prácticamente partió en dos la pesquisa contra Boluarte, quien seguirá siendo investigada por los otros dos delitos; es decir, no se han archivado.
“Lo que hizo la Fiscalía fue señalar que avanzaba únicamente con el delito de cohecho pasivo y formulaba una denuncia constitucional en contra de la presidenta por este delito, así como desacumulaba los otros dos delitos; es decir, partía en dos la investigación. Avanzamos simplemente con este delito, pero se sigue investigando por los otros dos delitos también”, enfatizó.
Carrión indicó que esta decisión se sustenta en la complejidad de investigar un posible enriquecimiento ilícito debido a que se necesitan realizar pericias contables para determinar si existe un desbalance patrimonial o no.
“Es más fácil, más rápido acusar o pronunciarse por el cohecho pasivo, porque ahí tienen los Decretos de Urgencia, las derivaciones de partidas y las visitas a la presidenta. Entonces, como el caso está mucho más formado para la Fiscalía en el tema de cohecho y lo otro no, porque requiere todavía pericias que toma tiempo realizarse, por eso es que se tomó esa decisión”, acotó.
En diálogo con el diario El Comercio, el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, indicó que una vez que tengan la información de la desacumulación de los delitos que se le imputan a su clienta y determinan que no ha cumplido la exigencia legal del caso, evaluarán las medidas que tomarán, entre ellas, el solicitar la nulidad de la decisión de la Fiscalía de la Nación.
Sin embargo, Carrión remarcó que la decisión adoptada por Villena es completamente legal y que responde a una política de la Fiscalía, que tiene a su cargo la pesquisa.
“O sea, no hay un parámetro estricto en el que se diga que no puedes desacumular los delitos. No es cierto eso y todo está dentro de la potestad de la Fiscalía. Claro, tienen que justificar su decisión y en la denuncia lo han justificado perfectamente”, apuntó.
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Respecto a Oscorima, quien es investigado por el presunto delito de cohecho activo genérico, en la denuncia constitucional se precisa que los hechos que se le atribuyen serán “desacumulados”.
En consecuencia, se remiten “copias certificadas y/o simples a la Fiscalía Superior - Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Coordinadora en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, para que proceda a su distribución al despacho fiscal llamado por ley”.
Sobre este punto, el experto añadió que el gobernador seguirá siendo investigado, pero en otra Fiscalía al no ser un personaje aforado, tal como Boluarte.
“Él (Wilfredo Oscorima) no es presidente, no tiene antejuicio ni fuero. Entonces, se ha remitido las copias a una Fiscalía para que se haga cargo de la investigación en su contra. Creo que es lo más pertinente, porque la causa en su contra no puede detenerse, porque hay la posibilidad de que pueda congelarse el procedimiento de la presidenta en el Congreso y se espere hasta el 2026″, afirmó Carrión.
En ese sentido, dijo que ya dependerá del fiscal de turno si decide formalizar la investigación contra el gobernador y solicitar en su contra una medida más gravosa, como impedimento de salida del país o comparecencia con restricciones.
“No hay ningún impedimento para que la Fiscalía pueda formalizar la investigación contra Oscorima y avanzar a la siguiente etapa. No hay ningún inconveniente, ya que el trámite, en su caso, es como de cualquier ciudadano. Es más, hasta el 2026 este podría ser condenado, absuelto o en pleno juicio oral”, apuntó.
¿La denuncia de Villena fue planteada oportunamente y sus argumentos son válidos?
Respecto a este tema, Álvarez consideró que el fiscal de la Nación interino se apresuró en presentar el documento y prácticamente “ha malogrado una ocasión en la que bien pudo haber prolongado la investigación preliminar a la espera de encontrar mejores y mayores elementos de juicio”.
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“La Fiscalía acusó antes de tiempo. A cualquier fiscal en cualquier otro proceso penal posiblemente sus superiores le hubieran llamado la atención. O sea, en otras palabras el fiscal (Juan Carlos Villena) todavía no tiene un caso”, sostuvo.
Para el constitucionalista, la denuncia planteada por Villena tiene un defecto que, según dijo, ya ha sido advertido por varios penalistas.
“Algunos penalistas ya lo han señalado de que (la denuncia) no tiene probado el dolo entre el obsequio de los relojes con el otorgamiento de ampliación de partidas presupuestales para algunas regiones. Presumir el hecho de que, por un reloj, se le fue otorgado una ampliación presupuestal a una región pobre del país no constituye en sí mismo un hecho delictuoso. Mientras no surja un audio, video, o colaboradores eficaces señalen de que, efectivamente, hubo una situación dolosa, no es suficiente”, manifestó.
Carrión tiene una postura distinta. Para el penalista, la decisión adoptada por Villena fue correcta debido que, a su juicio, ha logrado solventemente, en el nivel que nos encontramos, “afianzar la hipótesis de cohecho”.
“Creo que no se ha adelantado, porque, más bien, creo que está seguro de la comisión del delito, hay niveles de sospecha. Si tú lees la denuncia constitucional está bien hecho el match entre las visitas realizadas por Oscorima, los Decretos de Urgencia, el testimonio de Jessica Camacho, los testigos, yo sí creo que hay un caso bien armado”, dijo tras precisar que, a su juicio, si ve un dolo en este caso cometido por Boluarte y el gobernador.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
