
La presidenta de la República, Dina Boluarte, encabezó la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), junto a las principales autoridades del sistema de justicia y de la sociedad civil.
En la cita participaron la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el presidente del Congreso, José Jerí, entre otras autoridades y altos mandos policiales y representantes de la sociedad civil organizada.
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En su discurso, Boluarte hizo un llamado a la unidad para una lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado, señalando que se trata de una prioridad nacional que exige coordinación entre todas las instituciones.
La mandataria resaltó que, desde la primera sesión del Conasec realizada en marzo, se han cumplido siete de los trece acuerdos aprobados por unanimidad, tras 20 reuniones de enlace interinstitucionales.
Entre los avances, mencionó la gestión de presupuesto para la plena implementación de las unidades de flagrancia, la aprobación en el Congreso de la declaratoria de emergencia de la Policía Nacional para reducir su brecha logística, así como más de 2,550 operativos migratorios en los que se intervino a 38,674 extranjeros, de los cuales 2,848 presentaban presunta infracción migratoria.
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Asimismo, informó que en lo que va del 2025 la Policía Nacional ha detenido a 198,426 personas, entre ellas 10,700 extranjeras, ha desarticulado más de 9,000 bandas criminales y 146 organizaciones delictivas.
Boluarte destacó que el Estado ha consolidado un nuevo modelo de articulación en seguridad ciudadana, con acciones concretas que incluyen proyectos de ley, programas preventivos e intervenciones integradas en zonas críticas.

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“Convoco a todos a la unidad de las instituciones del Estado. No hay margen para la pasividad. El pueblo nos exige trabajar unidos con el mismo propósito: acabar con la delincuencia. Sigamos trabajando por un Perú más seguro, que no es un sueño, es una meta y juntos lo vamos a alcanzar”, expresó.
La mandataria también resaltó el rol de la Policía Nacional y el apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas declaradas en emergencia, asegurando que su gobierno no cesará en el objetivo de garantizar el derecho de los peruanos a vivir en paz.