El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, manifestó, al igual que la presidenta Dina Boluarte, que es necesario discutir la aplicación de la pena de muerte para violadores de menores de edad en el Perú.
En declaraciones a la prensa, el titular del Poder Legislativo sostuvo que esta medida surge en un contexto de violencia contra niños y niñas en todo el país, por lo que una medida de tal magnitud debería ser discutida.
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“Es un tema controvertido, discutible. Se presenta cada vez que hay situaciones graves que generan indignación. Hay que discutirlo y analizarlo”, dijo el titular del Parlamento.
En otro momento, señaló que el Perú forma parte de un convenio internacional y hay que revisar si es conveniente retirarse o no del Pacto de San José, el cual limita a la aplicación de la pena capital.
Eduardo Salhuana señaló que la actual legislatura está por concluir, por lo que cualquier avance legislativo sobre estas propuestas se postergaría hasta marzo o abril del próximo año.
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Opiniones
Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional y actual representante del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo a Gestión que a nivel político “es un golazo” de la presidenta Dina Boluarte, pero a nivel constitucional la aplicación de esta medida es “una demagogia”.
“Es un golazo, porque ya nos olvidamos del caso de las cirugías, nos olvidamos del tema de las carteras. Así que yo creo que es un golazo. Vamos a tener tres o cinco días con el tema. [...] Yo creo que es un acto de demagogia, porque antes que pensar en la aplicación de la pena de muerte para algún delito en particular, la primera reflexión es si vamos a denunciar el pacto de San José de Costa Rica”, expresó.
En otro momento, el exmagistrado aseguró que el delito de violación de menores tiene un alto índice de criminalidad en el Perú. “Ello implicaría que, en el supuesto de que nos hemos salido de la Corte y vamos a aplicar esta medida, esto sería un baño de sangre, porque el número o el índice de este tipo de delitos es muy alto”.
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Por otro lado, Carlos Caro, abogado penalista, consideró que es “inconveniente” aplicar la pena de muerte en nuestro país. En principio, porque el Perú tiene una prohibición convencional y constitucional.
“Perú ha firmado el Pacto de San José. Este prohíbe que, a los países que han abolido la pena de muerte, la puedan reinstaurar o restituirla. El Perú tiene una prohibición convencional, ratificada en la Constitución de 1993. Tendría que denunciarse parcialmente la convención interamericana y decir que nos apartamos de esta prohibición”, señaló a Gestión.
Caro también expresó que tendría que haber una reforma de la Constitución para permitir la pena de muerte en determinados casos y luego establecer los lineamientos mediante el Código Penal.
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