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El Congreso de la República retrocedió el pasado 14 de diciembre al restablecer la detención preliminar en casos de no flagrancia. Sin embargo, a una semana de esta decisión, la presidenta Dina Boluarte aún no ha promulgado la norma, lo que ha generado cuestionamientos por parte de varios parlamentarios.
Frente a la falta de respuesta del Gobierno de la mandataria, la bancada de Renovación Popular remitió un oficio al premier Gustavo Adrianzén solicitando la promulgación de la autógrafa. Asimismo, el congresista Héctor Acuña Peralta expresó su apoyo a esta demanda mediante publicaciones en sus redes sociales.
“A una semana de haberse aprobado en el Congreso la norma que restituye la detención preliminar, es lamentable que la Presidencia dilate la promulgación de la Ley. ¿Qué intereses están defendiendo? Al parecer, la lucha contra la criminalidad es solo un discurso para la tribuna, sin acciones concretas que respalden sus palabras”, se lee en la cuenta X del legislador de Honor y Democracia.
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La congresista Ruth Luque también expresó una postura crítica respecto a la demora de la mandataria, señalando que resulta peculiar que, hasta la fecha, no se haya promulgado la norma que modifica y restituye el artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal.
“A la fecha, existen varios ejemplos del perjuicio de dicha ley que aún sigue vigente mientras no se promulgue la autógrafa en mención, tales como la liberación de los investigados en el Caso Aelucoop por fraude a 21 mil víctimas, la liberación de una presunta banda criminal en Huaura y la no detención de Fredy Hinojosa, que funge de vocero presidencial en Palacio de Gobierno, por su implicancia en los actos de corrupción del Programa Qaliwarma”, señaló.
Antecedentes
El Congreso dio un paso atrás después de recibir críticas por la aprobación de la Ley 32181 a principios de noviembre, la cual eliminaba la detención preliminar en casos de no flagrancia. A pesar de los riesgos que implicaba, el Poder Ejecutivo no la observó.
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Esta normativa, aprobada inicialmente en la Comisión de Justicia y luego en el Pleno, permite que las personas que cometen un delito no sean detenidas preliminarmente fuera del plazo de flagrancia, incluso si existen pruebas o riesgo de fuga, lo cual impacta negativamente en la lucha contra la criminalidad. Esta medida permanecerá vigente hasta que el Gobierno promulgue la nueva autógrafa enviada.
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