De acuerdo con sus declaraciones juradas, la presidenta Dina Boluarte reportó un incremento significativo en su patrimonio, pasando de 160,415 soles en 2021 a 792,167 soles en 2024. Este aumento de 631,752 soles en solo tres años ha generado cuestionamientos debido a su carácter extraordinario.
Ante esto, Cuarto Poder accedió a documentos para conocer ¿qué hay detrás del archivamiento en la Contraloría sobre el patrimonio financiero de la mandataria?
Según el reportaje periodístico, el informe de la Contraloría que exime de responsabilidad a la presidenta y concluye que no existe desbalance en sus cuentas está firmado por una alta funcionaria que, pese a no asistir a su centro de trabajo desde hace un mes, continúa recibiendo su sueldo íntegro, sin ningún descuento.
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Desde el 14 de enero de 2025, Vanessa Walde Ortega, subgerente de Fiscalización de la Contraloría, se encuentra fuera del país. Según los registros migratorios, está en Estados Unidos sin una fecha definida de retorno. Sin embargo, su caso trasciende más allá de su ausencia, ya que fue ella quien archivó de manera definitiva la investigación por presunto desbalance patrimonial contra Dina Boluarte, un hecho que ha generado diversos cuestionamientos.
¿Quién es Vanessa Walde?
César Aguilar Suricachi designó a la hija de su exjefe. Se trata de una joven abogada de 32 años, nombrada como subgerente de Fiscalización, un puesto clave en la institución. La funcionaria es hija del exjuez supremo Vicente Walde Jaúregui, conocido como ‘Vicentico’, un apodo que le dio el prófugo de la justicia y miembro de los “Cuellos Blancos del Puerto”, César Hinostroza Pariachi.
El contralor César Aguilar Surichaqui fue subordinado del cuestionado juez Vicente Walde Jaúregui, Este vínculo laboral quedó evidenciado en un certificado de trabajo notariado, firmado de puño y letra por el propio juez Walde.
En el documento, se confirma que Aguilar Surichaqui fue empleado de Walde en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, lo que plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés en el nombramiento.
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“No resulta sorprendente que el informe emitido sea no solo favorable, sino extremadamente beneficioso para la presidenta Dina Boluarte. Todo indica que el contralor César Aguilar Surichaqui considera tener algún tipo de obligación hacia la mandataria, olvidando que su verdadero compromiso debería ser con la nación y no con quien lo designó en el cargo. Este hecho pone en tela de juicio la imparcialidad y la independencia de su gestión”, Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción, dijo para el dominical.
El abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, sostiene que el informe de la Contraloría, firmado y aprobado por Vanessa Walde, es concluyente. Sin embargo, ha solicitado que se entreviste a dos de las cuatro funcionarias firmantes, dejando fuera a la joven, quien desde hace un mes se encuentra en Estados Unidos.
Contraloría responde
En un comunicado emitido este domingo 16 de febrero, sostuvieron que, la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus funciones y competencias según la normativa vigente, lleva a cabo el proceso de fiscalización de las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos, siguiendo las normas y procedimientos correspondientes, sin realizar distinciones entre ellos.
En el caso de la funcionaria mencionada, el proceso de fiscalización abarcó los años 2022 y 2023, y se llevó a cabo entre marzo y octubre de 2024. Este proceso de fiscalización se ha desarrollado con total imparcialidad y transparencia, respetando el marco normativo correspondiente y basándose en la información autorizada.
Además, se ha asegurado la continuidad investigativa mediante la permanencia de los mismos miembros de la comisión encargada a lo largo de todo su desarrollo, lo que garantiza la objetividad e independencia de los resultados obtenidos.
En este contexto, el Ministerio Público es el órgano competente para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, contando con un mayor alcance en el acceso a la información necesaria para determinar la posible existencia de responsabilidades.
En este sentido, la Contraloría General de la República ha remitido toda la información solicitada por dicha institución y está plenamente dispuesta a colaborar con el proceso de investigación cuando así lo requiera.
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