Esta mañana, el Poder Judicial evaluó el segundo pedido de impedimento de salida del país, por el plazo de 18 meses, contra la expresidenta Dina Boluarte, quien fue vacada por el Congreso de la República. La exmandataria afronta una investigación por el presunto delito de negociación incompatible, a raíz de un caso vinculado a las operaciones estéticas que se practicó en el año 2023.
Durante su intervención, el fiscal adjunto supremo Wilfredo Rivera recordó que el médico Mario Cabani, quien practicó una operación estética a Boluarte, le solicitó que contrate a amigos suyos en puestos del Estado.
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Dichos actos se habrían materializado a través de unos correos electrónicos enviados por Cabani a la asistenta personal de Boluarte, el pasado 3 de agosto del 2023. En dichos correos, el médico le planteó a la exmandataria que cumpla con 5 puntos, entre ellos, que se contrate a amigos suyos en gerencias de EsSalud y otras instituciones públicas.
“La mandataria estaba al tanto de estos nombramientos”, remarcó el fiscal.
Uno de los allegados a Cabani que se habría beneficiado con puestos en el Estado es María Elena Aguilar del Águila, quien en noviembre del año pasado fue designada como presidenta ejecutiva de EsSalud. La exfuncionaria trabajó con el cirujano de Boluarte entre el 2021 y 2022.
“Hay un peligro real y concreto de fuga por parte de la expresidenta. Se requiere esta medida para asegurar que se encuentre presente durante los actos de investigación”, sostuvo Rivera, tras precisar que Boluarte tiene los medios económicos para abandonar el país en cualquier momento.
Por su parte, el abogado de la expresidenta, Luis Castro Grados, negó que haya habido alguna coordinación entre su patrocinada y Cabani para el nombramiento de cualquier persona en puestos del Estado. También descartó que exista algún riesgo de fuga, al recordar que su clienta ha declarado en todo momento que se quedará en su vivienda.
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Tras escuchar a las partes, el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, dejó al voto su decisión, que será informada en los próximos días.
EL PRIMER PEDIDO FUE RECHAZADO
El último miércoles, el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Fernando Valdez, declaró infundado el pedido de 36 meses de impedimento de salida del país contra Boluarte, en el marco de una investigación seguida en su contra por el presunto delito de lavado de activos.
El magistrado determinó que no existe una sospecha simple reforzada de que la exmandataria haya incurrido en el delito de lavado de activos, tal como le imputa la Fiscalía.
Respecto al probable peligro de fuga por parte de la expresidenta, consideró que no se debe tomar en cuenta los viajes que esta hizo al extranjero. Aseguró que Boluarte ha tenido un buen comportamiento, ya que ha concurrido a todas la citaciones fiscales de este caso.
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